La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a 18 exjefes paramilitares, condenados por crímenes de guerra, como gestores de paz ha generado un intenso debate público. Figuras como Jorge 40, alias Macaco, alias Botalón y alias Tornillo, señalado de abusar sexualmente de más de 200 niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta, figuran en la lista, lo que ha provocado una ola de críticas desde diversos sectores, incluida la Defensoría del Pueblo.
Iris Marín, actual Defensora del Pueblo y experta en justicia transicional, expresó su desacuerdo de forma contundente. Cuestionó el impacto real de esta medida en el proceso de reconciliación nacional, planteando: “¿Por qué llamar gestores de paz a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido?” Además, Marín puso en duda la capacidad de estos exparamilitares para contribuir de manera efectiva a la paz, dado su historial de reincidencia y falta de compromiso con la reconciliación en el pasado.
La posición de Marín es significativa, no solo por el peso de su cargo, sino también porque marca un distanciamiento con el presidente Petro, quien fue clave en su elección para liderar la Defensoría. Marín, elegida en agosto pasado tras competir en una terna propuesta por el mandatario, reemplazó a Carlos Camargo Assis. A pesar de la influencia política en su nombramiento, Marín ha demostrado independencia en su gestión, especialmente frente a decisiones controvertidas como esta.
Por su parte, Petro defendió la designación argumentando que no implica beneficios jurídicos para los condenados. “No es un beneficio jurídico lo que se otorga, ni un día más ni un día menos de cárcel,” declaró, subrayando que el objetivo es facilitar el diálogo y avanzar en la construcción de paz.
El debate sigue abierto, con voces a favor y en contra de una medida que, aunque busca la reconciliación, enfrenta cuestionamientos éticos y legales sobre sus verdaderos alcances.
