La defensora del pueblo, Iris Marín, expresó su rechazo al nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia, argumentando que sus declaraciones y comportamientos pasados son contrarios a los principios de respeto a los derechos de las mujeres y niñas, y podrían promover conductas que perpetúan la violencia de género.
Marín cuestionó la coherencia del gobierno de Gustavo Petro, que en reiteradas ocasiones ha manifestado su compromiso con la lucha contra la violencia de género. “El gobierno ha dicho que rechaza la violencia de género. Pero hoy, una vez más, lo refuta con su acción”, afirmó la funcionaria.
Argumentos de la Defensora del Pueblo
La defensora subrayó que algunas de las publicaciones de Mendoza en redes sociales, realizadas años atrás, utilizan un lenguaje que podría interpretarse como denigrante hacia las mujeres y las niñas, y que su difusión perpetúa patrones de violencia sexual y machismo.
Marín recordó los principios establecidos por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que condenan cualquier forma de violencia contra niñas y niños, y enfatizó que el lenguaje y las actitudes que trivializan o justifican estas prácticas representan una amenaza contra la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables.
Críticas al impacto de la decisión
Marín destacó que, según cifras oficiales, el 87 % de los casos de violencia sexual en Colombia afecta principalmente a mujeres, muchas de ellas menores de edad. En ese contexto, cuestionó el impacto simbólico y práctico de la designación de Mendoza: “Nuestro Estado no se puede convertir en una dolorosa caricatura ilustrativa de la cultura violenta promovida por altas autoridades”.
Además, afirmó que decisiones como esta contradicen el objetivo de una política exterior feminista y el compromiso gubernamental con la igualdad de género. “El machismo es una cultura atada al pasado que se extinguirá, por lo que no debió ser”, agregó.
Llamado al gobierno
La defensora concluyó con un llamado al presidente Petro, instándolo a reconsiderar decisiones que, según ella, retrasan el avance de los derechos de las mujeres y niñas en el país. “Le pido que no contribuya más con sus decisiones a retrasar el derecho de las mujeres, y de las niñas, a un buen futuro, a vivir una vida libre de violencias”.
El nombramiento de Mendoza ha provocado un intenso debate en la opinión pública, con voces tanto a favor como en contra, pero la posición de la Defensoría del Pueblo refuerza la creciente presión para revisar esta designación en el marco de los principios de derechos humanos y equidad de género.
