Este miércoles, en la Corte Suprema de Justicia, se leerá la sentencia condenatoria en contra de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia. La tragedia judicial para la influenciadora está en firme, después de haber sido condenada por convertir los contenidos de sus redes sociales en un delito. La investigación por los daños causados al sistema TransMilenio durante las protestas de 2019 ha culminado con una condena casi seis años después de los hechos.
El abogado de Epa Colombia, Ómar Ocampo, adelantó que solicitarán a la Corte Suprema que la influenciadora sea recluida en una guarnición militar como medida de seguridad, ya que considera que su perfil como empresaria y figura pública podría ponerla en riesgo dentro de una cárcel común. Esta solicitud se realizará este miércoles.
“Hemos recibido voces de muchos sectores, con ese apoyo vamos a solicitar y estaríamos a la expectativa porque, por supuesto, como madre cabeza de familia tiene un derecho, sobre todo esa menor, una niña de nueve meses, recién cumplidos, es el derecho de los menores de edad, como un derecho universal y constitucional prevalente”, advirtió el abogado.
El defensor también estuvo en las instalaciones del búnker de la Fiscalía, donde se realizaron los procesos de reseña y análisis médicos luego de la captura de Epa Colombia el pasado lunes, cuando los agentes de la Fiscalía llegaron a su negocio en el barrio Restrepo, al sur de Bogotá, y le notificaron la orden de captura.
El abogado expresó que la situación fue sorpresiva para todos, especialmente para una persona como Daneidy Barrera, que ha sido tan activa en sus negocios y ha construido un proyecto empresarial considerable en los últimos seis años. En su criterio, Epa Colombia debería ser recluida en un sitio especial, ya sea una guarnición militar, policial o incluso en un pabellón especial, con medidas de seguridad y protección que le garanticen su integridad.
“La defensa cree que la solicitud está justificada, ya que Epa Colombia se ha convertido en una empresaria de gran perfil, con recursos acumulados que podrían ponerla en riesgo dentro de una prisión común”, señaló el abogado. Insistió en que las condiciones de reclusión especial no son extraordinarias, citando ejemplos de políticos y funcionarios judicializados por corrupción que han gozado de reclusión diferenciada.
“Es lo que se necesita para ciertas personas, como ha ocurrido con alguna clase de políticos, con alguna clase de funcionarios, con alguna clase de personas que tienen un perfil diferente y que requieren una protección especial”, concluyó el defensor.