El gobierno de Gustavo Petro ha expedido el esperado decreto de conmoción interior, una medida extraordinaria que se adopta debido a la creciente violencia en la subregión del Catatumbo, donde se ha intensificado el conflicto entre las disidencias de las Farc y el ELN. La situación ha generado una grave crisis de seguridad, lo que llevó a la implementación de esta figura jurídica.
Uno de los puntos clave del decreto, emitido el viernes 24 de enero bajo el número 062, es el enfoque en las necesidades financieras para hacer frente a la emergencia. La expectativa sobre cómo se financiará esta medida ha sido alta, dado el contexto económico del país, marcado por una caída persistente en el recaudo tributario. Esta situación ha generado serias dificultades para cubrir los gastos e inversiones del Estado.
Fuentes de financiamiento: Regalías, SGP y cooperación internacional
El decreto menciona que, para superar las limitaciones presupuestarias, se recurrirá al Sistema General de Participaciones (SGP), las regalías y recursos fiscales extraordinarios. Sin embargo, el documento también destaca los desafíos que enfrenta el presupuesto general de 2025, que aún no ha sido aprobado por el Congreso y ha tenido que salir por decreto presidencial.
El gobierno reconoce que el uso de los recursos del SGP y las regalías está limitado por los procedimientos legales establecidos. Por ello, se propone la adopción de medidas que faciliten su acceso y utilización para afrontar la crisis actual, sin infringir los lineamientos constitucionales.
Responsabilidad ciudadana y normas constitucionales
En el decreto, se hace referencia al artículo 95 de la Constitución de Colombia, que establece como deber de los ciudadanos contribuir al financiamiento de los gastos del Estado. A pesar de que esta disposición está relacionada con los impuestos, se recalca que las entidades territoriales deben seguir los principios constitucionales en cuanto a su autonomía fiscal.
Recursos fiscales extraordinarios para la Fuerza Pública y proyectos sociales
El gobierno también recurrirá a recursos fiscales extraordinarios para financiar las acciones de la Fuerza Pública, que tendrán como objetivo restablecer el orden público en la región del Catatumbo. Además, se destinarán fondos a proyectos de inversión social que se coordinen con las autoridades regionales, locales y étnicas, así como con organizaciones sociales. Estas inversiones se enfocarán en sectores clave como el productivo, la infraestructura, la educación, la salud y el ordenamiento territorial, con el fin de avanzar en la transformación territorial y en la construcción de paz en la región.
Este decreto refleja el compromiso del gobierno por abordar las causas estructurales del conflicto en el Catatumbo, mientras se adoptan medidas inmediatas para evitar que la crisis empeore.
