El Banco Agrario, la única entidad financiera pública del país y pieza clave para el desarrollo rural, enfrenta hoy una crisis que se profundiza bajo el gobierno de Gustavo Petro. A los recientes escándalos por presuntos créditos irregulares a familiares de Verónica Alcocer se suman las graves advertencias del expresidente del Banco, Francisco Mejía, quien alertó sobre un fuerte deterioro de la cartera, pérdida de programas estratégicos y un gasto burocrático desbordado.
Los números hablan solos. Al cierre de 2022, el Banco Agrario reportó utilidades por 672.000 millones de pesos. Dos años después, en diciembre de 2024, estas cayeron a 386.000 millones, una disminución nominal del 42,5 % y real del 51,7 % al descontar la inflación. Aunque el sistema bancario afrontó presiones por las altas tasas de interés, el desplome del Agrario es significativamente mayor.
Mejía, quien dirigió la entidad entre 2018 y 2022, atribuye este retroceso al empeoramiento de la cartera, generado —según él— por malas prácticas internas, monitoreo deficiente e incluso posibles fraudes en el otorgamiento de créditos. La cartera vencida pasó de 210.000 millones en 2022 a 555.000 millones en 2024, y el deterioro adicional entre enero y septiembre de 2025 suma 324.000 millones. En total, desde septiembre de 2022 este gobierno habría acumulado 1,53 billones en deterioro, una cifra exorbitante que refleja irregularidades profundas.
A esto se suma el aumento desmesurado de gastos. Solo en contratos de prestación de servicios, el banco ha gastado 630.000 millones de pesos hasta septiembre de 2025, es decir, 76.000 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Mejía denuncia una inflación burocrática en nómina y contratos, desviando recursos que antes impulsaban programas para el campo.
Pero el golpe no es solo financiero. Según el exfuncionario, la administración Petro ha desmantelado programas estratégicos que beneficiaban directamente al campesinado. Entre ellos:
Alianza con Rabobank, Solidaridad y Microsoft: apoyaba la siembra de cacao y permitía calcular la captura de carbono con tecnología satelital. Los campesinos recibían dinero por bonos de carbono. Programa de remesas internacionales con Western Union, implementado en 2022 para regiones donde solo opera el Banco Agrario. Ecosistemas digitales de pagos, que llevaban soluciones tecnológicas a corregimientos alejados. Crédito para el joven rural, vital para emprendimientos agrarios.
A esto se suman las quejas de productores y grandes empresas agropecuarias que reportan el cierre de sus cuentas y un sesgo antiempresa por parte de algunos nuevos funcionarios del banco.
La crisis del Banco Agrario no solo afecta sus balances: golpea directamente al campo, a pequeños productores, a jóvenes rurales y a regiones que dependen del único banco público del país. Lo que antes funcionaba se está desmontando sin rumbo claro, mientras la entidad pierde estabilidad financiera y confianza.
