Carrera hacia la Procuraduría General: Corte Suprema depura lista y 22 aspirantes se mantienen en contienda
La competencia para reemplazar a Margarita Cabello en la Procuraduría General de la Nación se intensifica. La Corte Suprema de Justicia ha depurado su listado inicial de 60 aspirantes y ha publicado los nombres de los 22 candidatos que continúan en la carrera. Esta selección es un paso crucial hacia la designación del próximo procurador general, quien asumirá el cargo en enero de 2025.
Los 22 candidatos incluyen a 18 hombres y 4 mujeres. Entre ellos destacan Pedro Oriol Avella, magistrado de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal de Bogotá; Darío Bazzani, abogado con amplia experiencia en derecho penal; y la exconsejera Lucy Jeannette Bermúdez, quien presidió esa alta corporación. Otros perfiles notables son Hugo Carbonó, juez de Barranquilla encargado del juicio contra Nicolás Petro, y el exmagistrado Marco Antonio Velilla, conocido por demandar al Estado tras su exclusión de la terna para la Fiscalía General.
El proceso de selección continúa con una etapa de revisión de recursos de reposición, que podrán ser presentados hasta el 24 de agosto. El 4 de septiembre se notificará si estas peticiones prosperaron, y el 9 de septiembre comenzará la preselección de 10 candidatos. Estos candidatos participarán en una audiencia pública el 12 de septiembre, donde se elegirá a uno de los tres ternados que competirán en el Senado para definir al nuevo procurador.
Mientras tanto, el Consejo de Estado mantiene 65 perfiles en consideración, entre ellos Martha Lucía Zamora, excontralora Sandra Morelli, el exministro Wilson Ruiz y el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros. El presidente Gustavo Petro también presentará su propia terna para que el Senado elija entre las opciones disponibles.
Entre los candidatos no admitidos se encuentran la jurista Mónica Cifuentes, el exdefensor Jorge Armando Otálora y el exconsejero de Estado Gustavo Eduardo Gómez. La selección final dependerá de las decisiones del Senado y del cumplimiento de los procesos establecidos.
