El Ministerio de Defensa deberá responder cuestionamientos sobre precios, estudios y criterios técnicos de la adquisición de los cazas de origen sueco.
La Contraloría General de la República inició un exhaustivo seguimiento al contrato más costoso en la historia del país para la compra de aviones de combate, valorado en más de 17 billones de pesos, después de una reunión entre el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Durante el encuentro, la Contraloría solicitó información sobre el estudio operacional que justificó la selección de los aviones Gripen, la discriminación de los diferentes ítems incluidos en el contrato, estudios previos y comparaciones con ofertas de otros países. Además, pidió detalles sobre el precio de cada aeronave, considerando potencia, alcance y validación en combate.
“El Ministerio de Defensa entregará toda la información tras la firma de una cláusula de confidencialidad, por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, afirmó Rodríguez. El contralor indicó que, si se cumplen las condiciones, la Contraloría ejercerá su función de advertencia, sin afectar la capacidad de realizar un control posterior y selectivo para determinar eventuales detrimentos patrimoniales.
Entre los cuestionamientos planteados están: ¿cuántas propuestas se recibieron y a qué valores? ¿Hubo ofertas de gobiernos anteriores? ¿Se trató de una negociación Gobierno a Gobierno o contratación directa con persona jurídica? ¿Cuál es el costo operativo por hora de los Gripen comparado con otras opciones? Y, finalmente, ¿quiénes tomaron la decisión de comprar estos aviones y cuál es el perfil de los responsables?
El ministro Sánchez defendió la adquisición como estratégica para la seguridad nacional, destacando que el proceso incluyó un comité intersectorial de proyectos estratégicos, aprobación en consejo de ministros y revisión del Conpes y Confis, asegurando la disponibilidad de los recursos.
“Se tomó la decisión porque no se podía aplazar más, ya que estaba en riesgo el cumplimiento de la misión constitucional de proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.
El millonario contrato y las preguntas de la Contraloría dejan en evidencia que la compra de los Gripen será objeto de vigilancia y análisis minucioso, mientras crecen las dudas sobre transparencia, selección y justificación del negocio más caro del país en materia de defensa.
