El Consejo de Estado ha emitido una sentencia histórica que obliga al presidente Gustavo Petro a retractarse públicamente por las acusaciones que realizó en contra de la familia Vargas Lleras, a quienes responsabilizó sin pruebas por la supuesta pérdida de 5,5 billones de pesos en la Nueva EPS. La decisión del tribunal ampara los derechos a la honra y buen nombre de la familia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe del partido Cambio Radical.
El origen del conflicto se remonta a mayo de 2024, cuando un informe de la Superintendencia Nacional de Salud reveló un presunto desfalco en la Nueva EPS, entidad de carácter mixto en la que Enrique Vargas Lleras ocupó un puesto en la junta directiva representando a la caja de compensación Cafam. A partir de este informe, el presidente Petro lanzó una serie de declaraciones públicas, en su cuenta de X y en eventos oficiales, acusando a la familia Vargas Lleras de estar detrás de la pérdida de estos recursos.
Entre las declaraciones que desencadenaron la demanda, Petro afirmó que “la familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos”, sugiriendo que los Vargas Lleras habían utilizado la Nueva EPS como “caja de financiación de los dirigentes de Cambio Radical”. Estas acusaciones fueron difundidas en varios medios, incluyendo transmisiones oficiales de InfoPresidencia y discursos en actos públicos.
En respuesta, Enrique Vargas Lleras presentó una demanda en la que aseguró que su papel en la Nueva EPS se limitó a la representación de Cafam en la junta directiva, sin ninguna participación en la administración directa o en la toma de decisiones financieras de la entidad. Además, negó haber tenido conocimiento de las irregularidades financieras mencionadas por el presidente.
El Consejo de Estado, al analizar el caso, concluyó que las acusaciones del presidente Petro no estaban respaldadas por pruebas concretas, lo que constituye una violación al derecho al buen nombre y a la honra de los afectados. En consecuencia, el tribunal ordenó al presidente retractarse y ofrecer disculpas públicas a la familia Vargas Lleras en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación de la sentencia.
Esta decisión marca un precedente en la relación entre el poder ejecutivo y los derechos individuales, subrayando la importancia de la responsabilidad en las declaraciones públicas, especialmente cuando provienen de la figura más alta del gobierno. Ahora, queda en manos del presidente Petro cumplir con la orden del Consejo de Estado y cerrar este capítulo de confrontación con la familia Vargas Lleras.
