Este lunes, la Sala Plena del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, respondió con firmeza a los cuestionamientos directos del presidente Gustavo Petro hacia una de sus decisiones judiciales. En una inusual rueda de prensa, 17 de los 32 magistrados presentes exigieron respeto al mandatario, calificando sus declaraciones como “graves, sistemáticas e irrespetuosas”.
El origen del desencuentro se remonta al pasado 12 de diciembre, cuando, a las 7:43 p. m., el presidente publicó un extenso mensaje en redes sociales criticando la anulación de la elección de José Luis Bohórquez López como alcalde de Duitama (Boyacá) por doble militancia. En su publicación, Petro afirmó que el fallo desconocía la voluntad popular y lo calificó como un acto de “perfidia” que, según él, iba en contra de la coalición del Pacto Histórico.
“El país necesita jueces justos para acabar con la violencia y la desigualdad”, escribió el mandatario, señalando que la decisión hacía parte de un supuesto lawfare contra dirigentes del Pacto Histórico. Además, sugirió que sectores de la “vieja política” dentro de la justicia buscaban frenar el cambio político en el país.
La respuesta del Consejo de Estado
Las declaraciones del presidente generaron un rechazo unánime en el Consejo de Estado, que este lunes emitió un comunicado oficial durante su sesión plenaria. En el documento, leído por el magistrado presidente Milton Chaves, el tribunal defendió la independencia judicial y criticó los señalamientos de Petro por “poner en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia” de la corporación.
“Cuestionar nuestras decisiones como actos de golpe blando o perfidia desconoce la función del poder judicial, que opera bajo principios de autonomía e independencia”, afirmó el Consejo. Además, recalcaron que cada fallo se realiza conforme a la Constitución y la ley, basándose en argumentos estrictamente jurídicos y no políticos.
El tribunal también rechazó enérgicamente que se sugiriera que sus decisiones buscan fines políticos o van en detrimento de la voluntad popular. Según el comunicado, estas afirmaciones “distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad”.
Llamado a la reflexión
En su pronunciamiento, el Consejo de Estado le recordó al presidente la importancia de respetar la separación de poderes como pilar fundamental de la democracia. “La confianza en las instituciones es esencial para que la justicia siga siendo un soporte de nuestra sociedad. Su debilitamiento solo beneficia a quienes persiguen intereses particulares sobre el bienestar colectivo”, señalaron los magistrados.
Este episodio no es el primero en el que el presidente Petro ha confrontado al poder judicial. En meses recientes, cuestionó la decisión del Consejo de Estado de otorgar al Consejo Nacional Electoral (CNE) facultades para investigar presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022. Sin embargo, el tribunal reiteró que sus actuaciones se realizan bajo estrictos parámetros legales y sin ninguna presión externa.
El llamado de los magistrados es claro: respetar la independencia judicial es crucial para mantener el equilibrio institucional y garantizar una democracia sólida. Este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial abre un debate sobre los límites del discurso presidencial frente a las decisiones de los jueces y la importancia de preservar la estabilidad de las instituciones en Colombia.
