El concejal de Bogotá, Juan Baena, del partido Nuevo Liberalismo, presentó una demanda contra el gobierno del presidente Gustavo Petro debido a la suspensión del giro de 1.5 billones de pesos que permitirían financiar proyectos de infraestructura en la capital, incluyendo las nuevas fases de la construcción del metro.
“Nos están robando”, manifestó Baena, quien hace parte del Nuevo Liberalismo, la misma colectividad política del alcalde Carlos Fernando Galán.
El concejal fundamentó su acción judicial en la decisión del Gobierno Nacional de aplazar la transferencia de más de 770.000 millones de pesos para Bogotá, recursos que estaban destinados a garantizar el avance de la primera línea del metro. También denunció la suspensión de 328.532 millones de pesos que financiarían la troncal de TransMilenio de la Calle 13 y otros 345.745 millones de pesos para el Regiotram de Occidente.
Estos fondos quedaron congelados mediante el Decreto 0069 de 2025 y forman parte de las vigencias futuras que la Nación está obligada a cumplir. A través de la demanda, Baena busca que se declare la nulidad de este decreto expedido por el Ministerio de Hacienda.
“El Metro está a punto de superar en su primera línea el 50 % de avance, así va a cerrar febrero. Así que Petro no detiene el metro, Bogotá no lo permitirá, no nos pueden robar a los ciudadanos en la cara y no dar explicaciones. El convenio de cofinanciación para el sistema de transporte público se suscribió en 2017 y se debe respetar. Lo que estamos pidiendo con esta acción legal es que se declare la nulidad total del Decreto 0069 de 2025 que aplaza recursos vitales para el desarrollo de la ciudad, como la construcción del tramo 1 de la primera línea del metro que mejorará las condiciones de movilidad de los ciudadanos”, explicó Baena.
Según el concejal, la decisión del Gobierno Nacional “vulnera normas constitucionales y legales, y se encuentra incursa en las causales de nulidad de falsa motivación, en una violación de la Ley 80 de 1993 e incumplimiento contractual por parte de la Nación, no previene el daño jurídico derivado, desconoce el principio de confianza legítima y extralimitación del poder ejecutivo, viola el principio de planeación presupuestal y vulnera el derecho a la movilidad y al desarrollo sostenible”.
Baena considera que esta medida es una represalia política contra la capital y un intento de “bloquear” a la ciudad. “El Gobierno Petro no responde y guarda silencio. Ya habíamos enviado un derecho de petición pidiéndole a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, revelar las actas de las reuniones donde, según ella, consta que el alcalde Galán sabía de dicho aplazamiento. Pues vamos más de 20 días y no tenemos respuesta. Por lo contrario, la ministra le tiró la pelota al Ministerio de Hacienda que tampoco tiene las actas y le devolvió el derecho de petición diciéndole que responda por sus funciones. Hoy lo que parece es que le mintieron a los bogotanos y al país, y pretenden condenar al estancamiento a Bogotá”, concluyó el cabildante.
