El 2025 será un año clave para la Corte Constitucional de Colombia y el Gobierno de Gustavo Petro. Con la salida de cuatro magistrados, el presidente tiene la oportunidad de cambiar la dinámica del tribunal, que hasta ahora ha sido un freno para varias de sus iniciativas más importantes.
La Corte ha jugado un papel crucial en decisiones como tumbar partes de la reforma tributaria, frenar la emergencia económica en La Guajira y limitar decretos presidenciales. Estas medidas han generado tensiones con el Ejecutivo, que ahora busca consolidar una mayoría favorable en el tribunal.
El primer movimiento del Gobierno se dio en octubre de 2023 con la elección de Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Casa de Nariño, como magistrado. Su llegada generó controversia, ya que sus posturas son vistas como cercanas al petrismo. Fernández reemplazó al magistrado Alejandro Linares y ya ha dejado claro su enfoque en temas sensibles como las sanciones disciplinarias de la Procuraduría.
En los próximos meses, los magistrados Cristina Pardo, Diana Fajardo y José Fernando Reyes también terminarán sus periodos. El Gobierno tiene la posibilidad de proponer ternas al Senado, y si consigue que los nuevos magistrados sean afines, podría asegurar una mayoría en la Corte.
Esto abriría la puerta para que el Ejecutivo avance con reformas clave como la laboral, la tributaria y su política de paz total. Sin embargo, este posible cambio genera preocupaciones sobre la independencia del tribunal y el equilibrio de poderes en el país.
Por otro lado, figuras como Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, han defendido la independencia del tribunal. Ibáñez, quien ha sido crítico del Gobierno, recientemente denunció posibles presiones, incluyendo chuzadas y vigilancia en su residencia.
Expertos constitucionalistas señalan que el resultado de estas elecciones en la Corte no solo tendrá impacto en las decisiones legales del país, sino también en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. El Senado será el escenario donde se definirá el futuro del tribunal y, posiblemente, del proyecto político del presidente Gustavo Petro.
Con la Corte Constitucional en el centro del debate, este año se perfila como un punto de inflexión para el balance institucional en Colombia. ¿Será un paso hacia mayor gobernabilidad o una amenaza para la autonomía judicial? El tiempo lo dirá.
