Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sus estrictas políticas migratorias han dejado a miles de colombianos expuestos a una posible deportación. Trump asumirá nuevamente como presidente el 20 de enero de 2025, lo que traerá cambios significativos en la política internacional, afectando particularmente a Colombia. Además de los posibles roces comerciales y políticos, hay miles de colombianos que se encuentran en incertidumbre debido a las duras medidas migratorias del magnate.
Trump, en su discurso de victoria, expresó: «Tenemos un país que necesita ayuda y la necesita urgentemente. Vamos a arreglar nuestras fronteras y todo sobre nuestro país. Hay que cerrar las fronteras. Queremos que la gente vuelva, pero que regrese legalmente». Esta declaración es solo un adelanto de lo que podría ser su nuevo mandato, ya que ha prometido llevar a cabo la «deportación más grande en la historia» de Estados Unidos.
Según el último censo realizado en el país, se estima que alrededor de 2,6 millones de colombianos viven en EE. UU., de los cuales aproximadamente 900,000 estarían allí de manera irregular. Esto podría significar que muchos compatriotas se verían afectados por las políticas que implementará el presidente republicano.
Brian Winter, editor en jefe de Americas Quarterly, indicó: «El presidente Trump está convencido de que la frontera debe ser controlada, y si no se controla, impondrá altos aranceles y castigos para limitar el número de inmigrantes».
El plan de deportación de Trump aún no está completamente definido, pero se cree que podría ser similar al de su primer mandato, cuando envió a migrantes solicitantes de asilo a países que no eran los suyos. En esta ocasión, las islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada podrían ser los destinos afectados.
Durante su campaña, Trump mencionó que planeaba deportar entre 15 y 20 millones de personas, aunque en EE. UU. se calcula que la cifra real será mucho menor. El primer grupo en ser afectado serían aquellos con órdenes de deportación final, es decir, quienes ya están en lista de espera para ser expulsados del país y no pueden apelar la decisión. Además, estarán en riesgo aquellos que no han asistido a las audiencias judiciales o cuya solicitud de asilo fue rechazada. Se estima que este grupo podría incluir hasta un millón de personas.
El siguiente grupo objetivo serían los migrantes que han cometido delitos, ya sea porque enfrentan procesos judiciales o están encarcelados. Sin embargo, este proceso podría retrasarse en los tribunales, ya que, dependiendo del delito, los migrantes tienen derecho a solicitar una fianza para recuperar su libertad.
Trump valida sus políticas migratorias bajo el argumento de la lucha contra el crimen organizado que opera en Estados Unidos. Gabriel Silva, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en EE. UU., señaló: «La lucha contra el crimen organizado, que también es un interés fundamental de la democracia colombiana, consiste en encontrar y desactivar los factores que promueven dichos delitos».
Desde el círculo cercano a Trump, se ha dado un mensaje de tranquilidad para aquellos con trámites de ciudadanía en proceso. Jaime Flórez, portavoz del presidente electo, explicó que “quienes tienen trámites en curso no tienen nada de qué preocuparse. Si todo está en regla, recibirán la regularización de su situación migratoria lo antes posible”.
La retórica del futuro gobierno de Trump asegura que los principales afectados por la migración ilegal masiva son «los latinos que llevan décadas en EE. UU., construyendo su estabilidad tanto financiera como social, y que ahora ven cómo personas extrañas vienen a competir por sus empleos, viviendas, cupos escolares y camas en hospitales».
Afectación económica
Las deportaciones masivas no serían el único impacto de las políticas de Trump. Las comunidades migrantes son clave para la economía de EE. UU., y su desplazamiento afectaría sectores como la construcción, la limpieza y la gastronomía, que dependen en gran medida de la mano de obra migrante. La escasez de trabajadores podría generar dificultades significativas para la productividad y estabilidad de estas industrias.
El empresariado, en su mayoría favorable a Trump, también podría estar preocupado por estas medidas, ya que afectarían la fuerza laboral del país. Según el Pew Research Center, los inmigrantes ilegales representan cerca del 5% de la fuerza laboral en EE. UU.
Además, las propuestas de Trump incluyen aranceles a las remesas enviadas a los países de origen, lo que podría afectar de manera significativa a los colombianos que dependen de estos giros. Según el Banco de la República, las remesas crecieron un 17,2% anual hasta octubre de 2024, alcanzando los 9,700 millones de dólares. Si Trump aplica estos aranceles, la calidad de vida de las familias colombianas que dependen de estas remesas podría verse gravemente afectada, especialmente la de mujeres y trabajadores informales.
Por ahora, Trump no ha dado detalles completos sobre su plan para abordar la crisis migratoria en EE. UU., pero se espera que pronto se den más aclaraciones sobre el impacto que esto tendrá en cientos de miles de colombianos residentes y trabajadores en ese país.