Miles de colombianos residentes en Europa afrontan hoy las consecuencias de lo que sería el engaño cometido por una sola persona. Sin embargo, en lugar de ofrecer soluciones, el Gobierno nacional opta por justificarla, dejando a los afectados sin respuestas claras y sin una ruta real de reparación.
Mientras el daño se acumula para quienes confiaron en ese proceso, desde el Ejecutivo predomina la defensa política antes que la responsabilidad institucional. Esta posición ha generado indignación entre los colombianos en el exterior, quienes consideran que el Gobierno ha decidido proteger intereses particulares antes que asumir los errores y responderle a la ciudadanía.
La molestia crece porque quienes hoy están pagando las consecuencias no son los responsables del engaño, sino familias trabajadoras que quedaron atrapadas en una situación que se pudo evitar. Para ellos, el silencio y las excusas oficiales son un nuevo golpe.
El reclamo es directo: si una estafa afectó a miles de colombianos fuera del país, el Gobierno debería actuar con firmeza, no encubrir al responsable.
