La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó este 27 de noviembre de 2025 a la campaña presidencial “Petro Presidente 2022‑2026” por violar los topes legales de financiación y por recurrir a fuentes prohibidas de financiación.
Con una votación de 6 votos a favor y 3 en contra, la decisión representa la primera sanción de este tipo impuesta a una campaña presidencial en la historia de Colombia.
Qué determinó la decisión del CNE
Según el fallo, la campaña excedió los topes permitidos por un monto que supera los COP 5.000‑5.300 millones de pesos, sumando exceso de gasto y aportes de financiación prohibida. Se detectó la omisión en los reportes de aportes provenientes de sindicatos, empresas y otros actores no permitidos legalmente, así como gastos no declarados en la publicidad política, pagos a testigos electorales, entre otros.
A quiénes alcanza la sanción
El CNE impuso multas sobre los responsables financieros de la campaña:
Ricardo Roa Barragán (exgerente de campaña y actual presidente de la estatal petrolera), Lucy Aydee Mogollón (tesorera), María Lucy Soto Caro (auditora de campaña).
Además, la sanción recae sobre los partidos/ movimientos políticos involucrados:
Colombia Humana Unión Patriótica (UP)
Ambas organizaciones deberán responder por permitir o tolerar la vulneración del régimen de financiación electoral.
Implicaciones políticas y judiciales
La sanción representa un precedente histórico: nunca antes una campaña presidencial colombiana había sido castigada económicamente por superar topes o por financiación irregular. El CNE remitirá copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de investigar posibles responsabilidades penales — especialmente por financiación prohibida. Para algunos de los sancionados, en particular Ricardo Roa, la sanción puede traducirse en consecuencias políticas y administrativas — incluyendo la posibilidad de perder cargos públicos de alto nivel.
Qué sigue
Según el CNE, el procedimiento continúa abierto respecto al análisis de responsabilidades políticas y penales, así como a la revisión de la totalidad de los aportes y gastos no declarados.
Este fallo — y sus consecuencias — podría marcar un antes y un después en la regulación de la financiación electoral en Colombia, reforzando la vigilancia sobre los recursos en campañas presidenciales y alertando a futuros candidatos sobre el cumplimiento riguroso de la normativa.
