Con una carta, la empresa de comunicaciones se retiró de la competencia. Estas fueron sus razones.
Desde hace varios meses, hay un negocio muy jugoso en el gobierno de Gustavo Petro. Se trata de una licitación por más de billón de pesos para proveer de internet al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. La entidad que lidera la formación educativa de miles de colombianos tiene una penetración impresionante y llega a casi todos los rincones del país. Por eso mismo, el monto del contrato es uno de los mayores del Estado en estos tiempos.
Para entregar esos servicios, el Sena abrió una licitación por 1.1 billones de pesos. Se trata del proceso de contratación y licitación pública No. LP-DG-0001-2023, cuyo objeto, según señala el documento, es “contratar el diseño, instalación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento, soporte y gestión de los servicios tecnológicos del SENA a nivel nacional, garantizando su interoperabilidad, integración, cumplimiento del gobierno y arquitectura de TICS de la entidad, y mejora continua”.
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Durante unos meses, ese proceso enfrentó a dos gigantes: Telefónica Movistar y Claro. Sin embargo, la semana pasada, 10 minutos antes de que se cerrara el plazo de la convocatoria, Claro presentó una carta anunciando su retiro.
Claro evitó comentar la situación, pero anexó los documentos que presentaron ante el sistema público de información Secop II. Por ahora, no están disponibles al público.
La comunicación, aseguran fuentes del Sena, sorprendió. El contenido de la misiva es muy duro y deja abiertos muchos interrogantes. El documento está dirigido al director de la entidad, Jorge Londoño. En la carta, la compañía comienza narrando lo que ha sido su rol en el proceso. “Hemos participado activamente en el proceso público de estructuración de la licitación en referencia, respondiendo al primer estudio de mercado presentado el 3 de agosto de 2022, así como el 9 de diciembre del mismo año”, sostiene.
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La empresa agrega que, “a partir de la publicación de los primeros prepliegos el 18 de enero de 2023, hace más de 7 meses, hemos expresado nuestras preocupaciones a la entidad en todos los mecanismos y espacios formales establecidos para tal fin”.
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Hay tres puntos calificados por la compañía como “críticos e insalvables”. Lo primero es el monto del contrato. Según Claro, “el presupuesto asignado al proyecto difiere sustancialmente de los estudios de mercado realizados por la entidad, teniendo, además, un menor periodo de ejecución contractual”.
Lo segundo tiene que ver con las “exigencias y especificaciones técnicas, particulares y especiales”. La empresa asegura que se les están imponiendo unas condiciones para el cumplimiento del contrato que no comparten. “Al analizar de manera rigurosa las especificaciones técnicas exigidas para los múltiples componentes incluidos en el pliego, se obliga a los proponentes a integrar soluciones que son ofrecidas por un único fabricante, lo que impide optimizar los costos e inversiones impidiendo aprovechar las economías de escala necesarias, dadas las restricciones presupuestales expuestas en el anterior numeral. En resumen, en un porcentaje importante del universo de componentes no hay pluralidad de fabricantes, a pesar de que existen diversidad de ofertas en el mercado con funcionalidades equivalentes”, señalan.
Como último punto, aseguran que existe una “insuficiencia en las condiciones del tiempo y garantías para una correcta transición”. Sobre el particular, critican que, “como lo hemos alertado en repetidas ocasiones en las observaciones al proceso, los tiempos y condiciones para la transición del contrato (solamente 4 meses) imponen reglas que son imposibles de cumplir para cualquier proponente distinto del prestador de servicio actual, reduciendo la pluralidad de interesados”.
Al final, concluyen que, “por estos motivos, a pesar de cumplir con todos los requisitos habilitantes y técnicos, nos vemos obligados a desistir de nuestra intención de participar en el proceso licitatorio”.
La compañía deja saber en su comunicación que esperan que las autoridades revisen los puntos que ellos alertan. “Reiteramos la importancia de diseñar el proceso con condiciones que permitan competir abiertamente en beneficio de todos los destinatarios de estos servicios para asegurar que siempre cuenten con tecnología de punta, eficiente y estable que impulse el progreso social y técnico de los trabajadores colombianos”, sostienen.
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Los tiempos que siguen en el proceso son muy apretados. El lunes 4 de septiembre se espera que se haga el reporte de evaluación y el miércoles 13 de septiembre será la audiencia de asignación.
En el sistema aparece que todavía están en juego dos proponentes: UT SENA Digital 2.0, compuesta por una unión temporal entre Colombia Telecomunicaciones e Indra Soluciones Tecnologías de la Información. También aparece otro proponente llamado CLARYCON S.A.S.
Esta licitación ha despertado siempre mucho interés y controversia. En 2019, el país vivió una enorme polémica por un contrato semejante. El objetivo era la conectividad y el servicio de data center de la entidad por 34 meses. El monto también fue millonario: 695 mil millones. Sin embargo, al final, el Estado terminó por desembolsar mucho más, pues se firmaron 20 “otro síes”, que alcanzaron un total superior al billón de pesos.
En su momento, la licitación fue muy criticada, al punto que la Procuraduría pidió suspenderla. Para la fecha, se cuestionó el papel de la Universidad Nacional en el seguimiento al proceso.
En este proceso, ha llamado la atención que las comunicaciones, pese a ser dejadas en el sistema público de información Secop II, aparecen como privadas y está restringida su consulta. En ese sentido, Claro envió una comunicación al Sena, pidiendo que “se publiquen todos los mensajes que la entidad ha recibido y reciba a futuro en esta licitación, de manera que la información sea transparente y pueda ser conocida en tiempo real por los interesados”.
Redacción R.S.