La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, quien actualmente se encuentra en una guarnición militar, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
Para la Fiscalía General, existen pruebas documentales y testimoniales que indican que, desde su cargo en octubre de 2023, Ortiz coordinó varios eventos destinados a la entrega de una suma considerable de dinero al senador Iván Name.
En el escrito de acusación de doce páginas, al que tuvo acceso SEMANA, se menciona en varias ocasiones la participación de Carlos Ramón González, quien en ese momento era director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro.
González, desde su posición en el Gobierno, dio instrucciones para la entrega de contratos por un valor de 60.000 millones de pesos a favor del senador Iván Leonidas Name Vásquez, presidente del Senado en ese momento, y de más de 10.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, David Calle Aguas.
Sin embargo, en septiembre de 2023, se revisó la cantidad de dinero a repartir entre los congresistas, y se determinó una suma menor: 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle.
Antes de la instalación de un consejo de ministros en el Palacio de Nariño, Carlos Ramón González y el entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) discutieron la urgencia de concretar los pagos.
«Sandra Liliana Ortiz Nova abordó a Olmedo de Jesús López Martínez y le preguntó si había hablado con Carlos Ramón González aclárandole que era ‘solo lo de Name'», indica uno de los apartes del escrito de acusación.
Según el documento, en ese momento, Carlos Ramón González se acercó a ellos y, en presencia de Olmedo López, le pidió adicionar 11.000 millones de pesos al contrato de obra N.° 9677-PPAL001-727-2022 que la UNGRD estaba ejecutando en el municipio de Repelón, Atlántico.
El nombre de González aparece de nuevo en el escrito de acusación. «Carlos Ramón le indicó a Sandra Ortiz que era necesario presentar a Iván Name con Olmedo López, para lo cual se debía organizar un desayuno con el fin de generar confianza, siendo tal su influencia que ese hecho se materializó».
Ortiz organizó la reunión para el 25 de septiembre de 2023 en la habitación 2312 de las suites Tequendama, donde residía desde hace varios años. A este encuentro asistieron Olmedo López y el senador Iván Name, y en la conversación se manifestó la necesidad de adicionar dinero a un contrato administrado por la UNGRD en el Atlántico para mitigar los efectos de la ola invernal.
A mediados de octubre de 2023, Ortiz tuvo varias comunicaciones con Sneyder Pinilla, entonces subdirector de Riesgo, para coordinar la entrega del dinero en efectivo a Iván Name.
Utilizando las camionetas blindadas destinadas a su seguridad y transporte, Ortiz ordenó que se enviara el dinero en dos partes (1.500 millones de pesos cada una) a la residencia del congresista en el norte de Bogotá, cerca del centro comercial Unicentro.
«En lo relativo al elemento subjetivo de las conductas punibles acusadas, Sandra Liliana Ortiz Nova conocía que, en acopio con Carlos Ramón González Merchán, estaba traficando influencias en Olmedo de Jesús López Martínez para obtener recursos ilícitos de la contratación de la UNGRD que estaban destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable derivada de las calamidades a favor de Iván Leonidas Name», concluye la acusación.
El documento también señala que tres de los implicados en el escándalo de corrupción son miembros de la Alianza Verde, lo que fue clave en el desarrollo de la trama y en la entrega de dinero que podría calificarse como sobornos y desviar contratos.
Sandra Ortiz enfrentará un juicio por los delitos de tráfico de influencias en servidor público y lavado de activos. Si es hallada culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.
Recientemente, se conoció que la exfuncionaria, quien permanece en una guarnición militar desde diciembre de 2024, estaría considerando una negociación con la Fiscalía General. Sin embargo, hasta el momento, no se ha concretado ningún acercamiento con el ente investigador.
El documento de acusación será presentado en los próximos días ante un juez especializado de Bogotá.
