La salud pública en el departamento de Caquetá parece haber sido convertida en un tablero de ajedrez político, donde funcionarios del Gobierno nacional y congresistas aliados habrían movido piezas para favorecer intereses particulares. Según revelaciones obtenidas por la revista SEMANA, se trataría de una red de influencias y presiones que habría utilizado al principal hospital del departamento como plataforma para contratos millonarios, control político y beneficios electorales.
El centro de la polémica es el Hospital Departamental de Florencia, cuya autonomía fue interrumpida tras una intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de denuncias sobre supuestas irregularidades. No obstante, funcionarios del hospital y la misma Gobernación de Caquetá aseguran que la intervención se habría realizado con argumentos cuestionables, y con un propósito más político que técnico: tomar control del manejo de 89.000 millones de pesos destinados a una obra hospitalaria.
Contratista recomendado, interventor a dedo y salarios desorbitados
Antes de la intervención, desde el Ministerio de Salud habrían llegado comunicaciones sugiriendo cambios en los pliegos de contratación para favorecer a un privado. La gerencia del hospital, al negarse a devolver los recursos y acatar las instrucciones externas, fue removida mediante un acto administrativo que posteriormente sería puesto en duda por el propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La intervención fue anticipada en un correo anónimo enviado 24 horas antes a la gerente Cindy Vargas, quien fue retirada y reemplazada por un interventor cercano al Gobierno, designado por la propia esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Beatriz Consuegra, en calidad de superintendente delegada. Bajo esta nueva administración, aumentaron las deudas, se triplicaron los honorarios de algunos asesores y se firmaron contratos con especialistas por hasta 40 millones de pesos mensuales, algunos de los cuales ni siquiera residían en el departamento.
Denuncian uso político del hospital
Testimonios obtenidos por SEMANA indican que el hospital habría sido entregado a dos congresistas cercanos al Gobierno Petro: la senadora de Comunes Sandra Ramírez y el representante a la Cámara Jhon Fredy Núñez. Ambos habrían ejercido influencias sobre el personal, orientando contrataciones y renovación de contratos a cambio de respaldo electoral. “A mí me citaron para que hablara con uno de ellos si quería seguir trabajando, pero no fui”, relató uno de los funcionarios.
Mientras Ramírez no respondió a los señalamientos, Núñez negó las acusaciones, asegurando que su gestión responde al bienestar del Caquetá.
Más allá del hospital: una red en expansión
La Gobernación también denunció presiones para levantar la medida de cierre de una IPS privada, vinculada a un congresista oficialista, que había sido sancionada por incumplir normativas sanitarias. Esa IPS habría asumido la entrega de medicamentos para pacientes con VIH y hemofilia tras la intervención a Asmet Salud.
Según el gobernador Luis Francisco Ruiz, esta situación dejó al hospital con deudas históricas que superan los 30.000 millones de pesos en solo cuatro meses, pese a ser una de las instituciones más sólidas del sistema público en el sur del país.
¿Y ahora qué?
Por ahora, el hospital fue devuelto de forma provisional al departamento, gracias a una acción judicial que cuestionó las motivaciones del Gobierno nacional. Sin embargo, el pleito legal continúa, al igual que las investigaciones sobre posibles delitos asociados a corrupción, tráfico de influencias y desviación de recursos públicos.
Desde la Gobernación señalan que esta es solo la punta del iceberg de un sistema que habría usado la salud como moneda de cambio político. La Superintendencia, por su parte, insiste en que actuó conforme a la ley y niega cualquier interferencia externa.
