19 congresistas de esa bancada están siendo investigados por la financiación de sus campañas. En sus reportes de cuentas asumieron viajes por más de 1.200 millones de pesos, pero quienes los usaron realmente fueron el presidente Gustavo Petro y su comitiva.
En un lío de marca mayor están los 19 senadores del Pacto Histórico investigados por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la financiación de sus campañas.
El asunto, que podría configurarse como intento de toda la bancada de engañar a la Corte, ya está documentado y la prueba reina son chats— en poder de SEMANA— en los que queda claro que la cuestionada Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) sí prestó servicios de vuelos para el entonces candidato y hoy presidente Gustavo Petro.
Los senadores, al parecer, se habrían prestado para maquillar esas cuentas de la mano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en ese entonces gerente de la campaña del Pacto Histórico.
Hace un año y medio, cuando estalló el escándalo de financiación de la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro, se habló del uso de vuelos por parte del actual mandatario con la Sociedad Aérea de Ibagué. El exgerente de esa firma fue el narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo, alias Caco, quien confesó y fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
La ecuación parece simple: el presidente usó en campaña una aeronave que terminó ligada a narcos, pero quienes reportaron estos gastos fueron los senadores, cada uno por 63 millones de pesos, tal como reposa en los documentos que presentaron al Consejo Nacional Electoral (CNE), presentados y firmados por Jaramillo.
En ese momento, a través de un comunicado, en bloque, y esgrimiendo la bandera de que se estaba gestando un “golpe blando” contra el presidente Petro, los 19 senadores salieron a reconocer esos gastos que se incluyeron de forma equitativa para cada uno de los congresistas. Otros salieron a lavarse las manos y decir que nunca han usado ni puesto pie en una aeronave de la empresa Sadi.
Pero más de 130 páginas de chats, de un grupo llamado ‘Despachos avión campaña’, conocidos en exclusiva por SEMANA, prueban que esos viajes se hicieron para la aspiración del presidente Petro. La coordinación y tripulación así lo dejan claro.
Los viajes eran para Petro y los integrantes de ese grupo eran la hoy canciller, Laura Sarabia; el jefe de despacho, Armando Benedetti; el exjefe de seguridad e investigado, Carlos Feria; la primera dama, Verónica Alcocer; Sofía Petro, y su novio francés Arnau Martí.
Pocos congresistas usaron esos vuelos, así estén siendo investigados por esos 63 millones que aceptaron de forma solidaria y que ahora les está pasando factura.
Sin embargo, a estos vuelos también se montaron algunos parlamentarios y otros políticos que terminaron en altos cargos en el Estado. Lo más llamativo es que los que primeros salieron a negar el uso de cualquier aeronave de Sadi están en la lista.
Por ejemplo, Roy Barreras, hoy embajador de Colombia en el Reino Unido, dijo en su momento: “Jamás he utilizado esa empresa. Primera vez que oigo de su existencia. Pediré a las autoridades verificar si existe algún registro de servicio pagado a mi nombre, con mi firma o autorización. No puede haberlo. Jamás los usé ni conocí. Si existiera algún uso indebido de mi nombre en alguna suplantación o falso registro, debe investigarse”.
Pese a eso, los chats revelan que fue viajero de los aviones de Sadi, al lado de Petro.
En un viaje presuntamente realizado el 5 de abril de 2022, a Pereira, como consta en las conversaciones, Barreras figura en la lista . En este caso no viajaba solo, lo hacía con Luis Fernando Velasco, enredado en el saqueo a la UNGRD.
Uno de los destinos era La Guajira, en específico el municipio de Uribia, donde se fraguó buena parte de la corrupción que se tomó la UNGRD. El municipio está hoy sin agua, con los carrotanques parqueados y promesas incumplidas.
Este viaje, según los chats, fue coordinado por Benedetti, Sarabia; la funcionaria de Sadi, Andrea Maya; y un usuario que aparece con el nombre Despacho DP, de quien la Corte cree que se trata del narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo.
En la lista de senadores que también usaban los vuelos de Sadi hay nombres como el de Pedro Florez, señalado como la carta del empresario Euclides Torres en el Congreso. Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, afirmó en SEMANA que a la campaña ingresó plata de Torres que no fue reportada y que su papá “sí sabía”.
Otros viajeros fueron Alfonso Prada, quien fue ministro de Interior y hoy es embajador en Francia. En la lista aparece viajando junto a su esposa Adriana Barragán, expresidenta de 4-72.
También están Verónica Alcocer, quien viajo con su amiga Eva Ferrer, una ciudadana española, a quien nombraron en su momento como consejera para la reconciliación. Este vuelo está registrado en los chats el 6 de abril de 2022, con rumbo a Valledupar.
En la bitácora hay un viaje de Petro a Yopal, en el que figuró Jorge Rojas, quien tuvo un muy corto paso como director del Dapre y salió de su cargo por diferencias con Petro, resultado del convulsionado consejo de ministros televisado.
También hay otros pasajeros, como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el propio Guillermo Alfonso Jaramillo; Katherine Miranda y Angélica Lozano.
En el expediente hay facturas, itinerarios, soportes de vuelos, costos, reportes de financiación presentados al CNE, testimonios, inspecciones y hasta una compulsa de copias al embajador Barreras.
La Corte lo tiene claro, y así se lee en el expediente, que a la campaña no solo habría llegado dinero no reportado sino de origen ilegal: “Relativas a la presunta participación del mencionado en actividades de narcotráfico o lavado de activos, ya sea directamente o a través de Sadi y el eventual aporte o contribución que aquel o la empresa hubiesen realizado para la financiación de campañas políticas en los procesos electorales en Colombia, celebrados el 13 de marzo de 2022”.
La Corte habla de “contribuciones o aportes brindados por la Sociedad Aérea de Ibagué S. A. S. a la campaña política al Senado de la coalición Pacto Histórico”, y advierte que “el señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio, socio y gerente de esa compañía, sería una de las personas que coordinó la operación de envío de estupefacientes que tuvo lugar el 23 de mayo de 2021, en una avioneta de matrícula estadounidense”. Luego, viene una grave advertencia: “Las pruebas que hasta el momento han sido practicadas en esta actuación apuntan a que el señor Restrepo Osorio habría tenido participación en las campañas políticas cuestionadas u otras avaladas por la misma coalición política”.
El asunto no es de poca monta, pues trata de un delito: financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Bajo la lupa están los congresistas María José Pizarro, Aída Avella, Martha Peralta, Iván Cepeda, Pedro Flórez, Isabel Cristina Zuleta, Álex Flórez, Clara López, Robert Daza, Yuly Esmeralda Hernández, Wilson Arias, Gloria Flórez, Sandra Jaimes, Paulino Riascos y Jael Quiroga Carrillo.
A la lista se suman los excongresistas que abandonaron el Capitolio por decisiones del Consejo de Estado, como Alexánder López, Roy Barreras y César Pachón. En la lista también está el actual director del DPS, Gustavo Bolívar.
La Corte tiene claro su objetivo y en estos términos se lo plantea a Estados Unidos: “El aporte a la campaña que es objeto de indagación es el servicio de transporte aéreo de la empresa comercial Sadi, a la que corresponde el número de identificación tributaria XXXX. Esta empresa habría suministrado un aporte a la campaña al Senado por la coalición política Pacto Histórico, registrado en la información financiera provista ante la autoridad electoral, como una obligación pendiente de pago por 1.215.646.740 pesos, a favor de la referida empresa”.
