Barranquilla: magistrado de la JEP y acusados viven en un mismo edificio. ¡Se quieren matar!

Un magistrado del tribunal de Justicia y Paz acusa a dos empresarios de amenazarlo de muerte. Las dos familias responden. Lo curioso: son vecinos.

Una pelea de pesos pesados llama la atención en el alto poder judicial y económico de Barranquilla. Dos importantes empresarios, Alfonso Macías Vargas (q. e. p. d.) y Rafael Matera, dueños de las empresas Camagüey S. A. y Palmeras de la Costa S. A., son acusados por Gustavo Roa, magistrado del tribunal de Justicia y Paz, de amenazarlo de muerte.

Lo curioso: las familias Macías y Roa viven en el mismo edificio. Todo comenzó por el trabajo de Roa en Justicia y Paz, pues compulsó copias para que investigaran a sus vecinos y empresarios por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. En una de las audiencias que él dirigió, Salvatore Mancuso, como postulado a esa jurisdicción, aseguró que ambos empresarios “fueron financiadores de las autodefensas”. Mancuso señaló a Matera también de haber participado en homicidios. Antes de él, otros exparamilitares, como Juan Francisco Segura Gómez, alias el Alacrán, y Jorge Escorcia Orozco, alias Rocoso, los habían señalado de lo mismo. 

El magistrado Roa asegura que desde que hizo esta compulsa ha recibido amenazas. Habla de tres hechos puntuales. El primero, un mensaje que le llegó al WhatsApp que decía que “los señores de nombre Rafael Matera y un tal mono Macías… contrataron a varios sicarios”.

Los otros dos hechos son menos directos. El abogado asegura que el pasado 2 de septiembre, cuando falleció el empresario Alfonso Macías, un vecino le dijo que en el entierro escuchó que la familia del finado decía que “el magistrado Roa lo vivía persiguiendo”. Luego, que su hijo vio al conductor de los Macías tomarle fotos a su camioneta Toyota. 

Los empresarios recurrieron a la justicia y denunciaron al magistrado por calumnia. Aseguran en este documento que son personas que han trabajado toda la vida honradamente en labores agroindustriales, en zonas donde el Estado no ejerce sus funciones y que, lejos de financiar el paramilitarismo, han sido extorsionadas no solo por este grupo, sino también por las Farc-EP y ahora por el Clan del Golfo.

Agregan que, desde que comenzó el proceso de desmovilización de las AUC, muchos de sus antiguos jefes “empezaron a extorsionar a los propietarios de fincas de las regiones donde delinquieron y cometieron los crímenes más atroces. Desde las cárceles, estos desmovilizados envían razones a los propietarios de fincas con la amenaza de que sus nombres van a ser mencionados en las versiones que rindan ante la justicia”, se puede leer en la denuncia.

Para probarlo, anexan una declaración judicial de Rodrigo Tovar Pupo, en la que este señala que a Palmeras de la Costa, como a todas las empresas de palma, le exigieron pagar un “impuesto de guerra”. Cuentan, además, que los procesos penales que se abrieron en su contra ya fueron archivados. 

Sobre las acusaciones de paramilitarismo, Rafael Matera aseguró que él es un defensor del Ejército y que al lado de su empresa, Palmeras de la Costa, hay una base militar que cuida toda la zona. “Yo nunca he participado en una actividad que no sea legal”, precisa. 

“Queremos que todo se aclare y salga a la opinión pública”, cuenta Alfonso Macías hijo, quien ahora busca que este conflicto se resuelva. Sobre las amenazas que recibió el magistrado Roa, Macías asegura que se enteró de los WhatsApp a raíz de las denuncias. “Siempre tuvimos una relación muy cordial con él”.

Agrega que el conductor de la familia nunca quiso tomarle fotos a la camioneta del magistrado y que se trató de un malentendido. Matera añade que de Roa solo sabía que vivía en el mismo edificio que Macías, pero que él no lo conoce y que “nunca he pensado en matar a una persona”. Sin embargo, asegura que espera aclarar las acusaciones que lo enredan con querer hacerle daño al magistrado.

Redacción R.S.