Durante el mandato del presidente Gustavo Petro, la erradicación manual de cultivos ilícitos ha sido prácticamente eliminada, y la fumigación con glifosato continúa prohibida. Este cambio en la estrategia ha generado debate entre expertos en la lucha contra el narcotráfico, quienes comparan la situación actual con el panorama de 2012, cuando la producción potencial de cocaína en el país era de 350 toneladas y se lograba incautar entre el 50 y 60 % de esa cifra.
Hoy, con un aumento significativo en la producción, las incautaciones del actual gobierno apenas alcanzan el 40 %. Este descenso plantea una inquietante pregunta: ¿a dónde se dirige el dinero que permanece en la cadena del narcotráfico? La respuesta es clara: a los grupos armados. El impacto de estos recursos ilegales no solo fortalece a estas organizaciones, sino que también corrompe múltiples sectores de la sociedad, incluido el ámbito político.
La situación es crítica y requiere de una reflexión profunda sobre las políticas antidrogas del país y sus implicaciones para el futuro.
