No es acechando a los jueces y fiscales como se combate la criminalidad económica.
Néstor Humberto Martinez
El progresismo busca doblegar al Poder Judicial en el mundo, autorizando que sus regímenes intervengan en los nombramientos de magistrados o logrando que los pongan sus partidos políticos, como acaba de ocurrir en México, para consolidar gobiernos despóticos. Entre nosotros, por fortuna, los magistrados y jueces son un valioso muro de contención frente a la arbitrariedad, el capricho y la ilegalidad. Durante estos años lo han hecho con responsabilidad. Por eso están en la mira del Pacto Histórico, enfrentándolos y desacreditándolos a través de toda clase de señalamientos.
Petro ha puesto en entredicho la integridad y honorabilidad de los consejeros de Estado y ha catalogado varias de sus decisiones como parte del “golpe blando”. Cuestiona sin límites a los magistrados de la Constitucional por los fallos que no le favorecen. Promovió el asedio a los togados de la Suprema con una minga indígena y hasta llamó “negro conservador” a su presidente. De manera cada vez más frecuente, le lanza pullas a la Fiscal General. Y, quién lo creyera, ha encarado hasta la JEP por no ceder a sus reclamos de impunidad a favor de las Farc.
Lo que jamás pensamos es que en medio de esta confrontación, el Gobierno llegara al extremo de intentar obtener información financiera “sensible” –como la califica– de todos los magistrados, jueces y fiscales, por conducto de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), con propósitos inconfesables. La historia es la siguiente.
El pasado 5 de febrero apareció en el orden del día del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los “asuntos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”, una propuesta de autorización para “adelantar convenio entre la Administración Judicial de la Rama Judicial y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf)”.
Petro ha puesto en entredicho la integridad y honorabilidad de los consejeros de Estado y ha catalogado varias de sus decisiones como parte del “golpe blando”
Según el documento DT-202503, que ilustraba el alcance de esta iniciativa, el “inocente” convenio interinstitucional buscaba aunar esfuerzos entre la Rama Judicial y la Uiaf, “con el fin de fortalecer los mecanismos que coadyuven en la prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos, sus delitos fuente y el financiamiento del terrorismo, y la prevención de la corrupción”. El mismo se sustentaba en la facultad del organismo de inteligencia financiera del Estado para acceder a información reservada, con base en la Ley 1621 de 2013 y en el documento Conpes 4042 de 2021, “con el propósito de proteger la economía nacional de la entrada de dineros de origen ilícito en defensa de la productividad, la libre competencia, la inversión, el comercio exterior, el crecimiento económico, el empleo y el consumo en Colombia”.
De esta manera, pretendían que la Uiaf tuviera acceso total a los “sistemas de registro” de carácter financiero que reposan en el Consejo Superior de la Judicatura, relacionados con los sueldos, primas, bonificaciones, prestaciones, cuentas corrientes, declaraciones de renta y relación de los bienes y el patrimonio de todos los funcionarios judiciales. En el proyecto de convenio obligaban al Consejo Superior de la Judicatura a proporcionar toda la información solicitada por la Uiaf, debiendo “abstenerse de divulgar o analizar las solicitudes de información efectuadas por la Uiaf”, a efecto de que los magistrados, jueces y fiscales no estuviesen al tanto de los pasos de dicha entidad de policía financiera.
Nadie, por tonto que sea, puede creer sinceramente que el acceso a esta información reservada de los servidores de la justicia se pretenda por el Gobierno para combatir el lavado de activos o el terrorismo o para defender la productividad y la libre competencia. No es acechando a los jueces y fiscales como se combate la criminalidad económica, mientras paralelamente se le da trato privilegiado a la delincuencia organizada.
Por fortuna, el Consejo Superior de la Judicatura rechazó el tal convenio con la Uiaf, que habría servido, antes que para combatir los delitos económicos, para asediar y perfilar a los miembros de la Rama Judicial y, obvio, intentar “ablandarlos”, en tiempos en que sus decisiones son de alta sensibilidad e importancia, de cara a la amenazada institucionalidad democrática.
Taponazo. Hace falta la firme voz de Miguel. ¡Fuerza!
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
