Se preparan más impuestos, el Pacto de La Picota pasará la cuenta final de cobro y continuará el marchitamiento de la Fuerza Pública.
Néstor Humberto Martínez
Leí recientemente que un parlamentario de izquierda invitó a sus colegas de coalición a “aprovechar”, porque “no se sabe cuánto tiempo queda”. Aunque pensé que esta afirmación provenía del Pacto Histórico, realmente se trató de una declaración de Rufián –así se llama–, miembro del Congreso de los Diputados de España, vocero del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), colectividad que durante los últimos años ha hecho parte del gobierno formado por el Partido Socialista Obrero Español (Psoe).
Mi equívoco no era infundado. Porque, con el sol a sus espaldas, nuestros ‘progres’ están dando muestras de que en los 361 días que les quedan irán a por todo, en su afán de lograr una mayor estatización de la vida social y quedarse con la chequera pública.
Su avidez quedó de manifiesto en el trámite de la reforma laboral. Para aprobarla a su acomodo, sí o sí, el oficialismo violó los acuerdos políticos y pretendió meter toda clase de goles. Uno de ellos, que inexplicablemente no trascendió, consistía en sustraerles a las empresas del sector minero que han colapsado por la política gubernamental el derecho a llevar a cabo su liquidación privada; la iniciativa, que no pasó gracias a la responsabilidad de la oposición, buscaba que –en lo sucesivo– su proceso de desmonte fuera una competencia tripartita, compartida entre el Gobierno, los accionistas y los trabajadores. Como quien dice, al mejor modelo comunista, les echaban mano, a través de un truculento esquema, a los activos privados residuales.
Este episodio resulta suficiente para esperar que toda la institucionalidad permanezca con los ojos abiertos y los oídos despiertos. Por ejemplo, frente a las reformas del sector de la salud, en las que el Congreso jugará un papel fundamental, de cara al proyecto que persigue consolidar en el Gobierno el control de los billonarios gastos sectoriales, haciendo a un lado a las EPS. Si no pasa la reforma, caerán una a una todas las empresas promotoras de salud, advirtió Petro, con lo cual, igual, quedará toda la salud en manos del Estado.
En este contexto también es prioritario que, con el concurso de la justicia, se examine el decreto que acaba de expedirse, que en nada soluciona los problemas de la salud y sí los agrava. Para que no quede rastro alguno del sector privado en este sector, el Gobierno también se propone asumir la distribución integral de los medicamentos, que ya empiezan a escasear; para este efecto, en medio de las fiestas de fin de año y sin titulares, Drogas La Rebaja amaneció en el 2025 como una entidad pública adscrita al Ministerio de Salud. Otros $ 20 billones en manos de la diligente y proba burocracia de izquierda.
Nuestros ‘progres’ están dando muestras de que en los 361 días que les quedan irán a por todo, en su afán de lograr una mayor estatización de la vida social y quedarse con la chequera pública
Si se formaliza la compra de Monómeros, en el sector agropecuario será mayúscula la presencia del sector público en el área de los fertilizantes y, claro está, se logrará una mayor cooptación del campesinado nacional. En el campo de las comunicaciones avanzará la estatización del Canal Uno, por decisión presidencial. En el sector educativo seguirá el marchitamiento de la universidad privada porque el gobierno del cambio “no la subsidiará”.
El notariado es otro sector amenazado. Al inicio de esta legislatura, el Pacto Histórico radicó un proyecto de ley que lo nacionaliza. Para aumentar la repartija y el derroche, los notarios serán en adelante empleados públicos; las notarías se convierten en “entidades descentralizadas territorialmente adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho”, y el 50 % de sus ingresos irán al autodenominado “gasto público social”.
Tampoco cesa el asedio a las cámaras de Comercio. Esta vez, en cabeza de su gremio, Confecámaras, que acaba de ser inconstitucionalmente sometida al control de la Superintendencia de Sociedades. Otro gremio cuya voz se pretende acallar.
Se preparan más impuestos, el Pacto de La Picota pasará la cuenta final de cobro y continuará el marchitamiento de la Fuerza Pública… en fin, ¡irán por el resto!, mientras buscan recrearnos con globitos distractores, como el inexistente problema de fronteras con Perú.
Taponazo. En medio del silencio oficial, van dos alfiles dados a la fuga: Carlos Ramón González y César Manrique.
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
