El Congreso de la República dio luz verde a la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), un acto legislativo impulsado por el gobierno de Gustavo Petro que representa un cambio profundo en la asignación de recursos públicos. Con esta aprobación en el octavo y último debate, el proyecto solo necesita la conciliación entre ambas cámaras y la sanción presidencial para convertirse en ley.
La plenaria de la Cámara de Representantes respaldó la iniciativa con una contundente mayoría, aunque dos congresistas votaron en contra, preocupados por las implicaciones fiscales. La reforma plantea que, a partir de 2027, las entidades territoriales recibirán el 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación, en un proceso gradual que durará 12 años. Actualmente, estas transferencias representan el 20 %.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, uno de los principales defensores de la reforma, destacó su relevancia histórica:
«Esta es, quizá, la reforma constitucional más importante desde 1991. A lo largo de los debates, superamos diferencias y preocupaciones legítimas sobre la descentralización y el impacto fiscal», afirmó Cristo, quien podría dejar su cargo el próximo año.
Inicialmente, el Gobierno había propuesto una asignación del 46,5 %, pero tras intensas negociaciones en el Legislativo, se acordó el 39,5 %. Sin embargo, la representante Katherine Miranda, una de las opositoras, advirtió que la implementación podría llevar al país a una crisis fiscal, al requerir hasta nueve reformas tributarias para financiar un déficit estimado en $263 billones.
Además, la reforma está condicionada a la aprobación de una Ley de Competencias, que otorgará mayores responsabilidades administrativas a los entes territoriales. Esto obligará a las regiones a fortalecer su capacidad de gestión y supervisión, lo que implicará un desafío significativo en términos de recursos humanos y financieros.
El senador Humberto de la Calle, por su parte, resaltó la habilidad política de Cristo para lograr la aprobación:
«El Gobierno ha superado obstáculos importantes con esta reforma. Es evidente que Juan Fernando Cristo desarmó cualquier teoría de golpe blando», señaló.
No obstante, queda pendiente el examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, que evaluará los riesgos para las finanzas públicas. Este proceso será clave para determinar la viabilidad a largo plazo de esta transformación en el modelo de descentralización fiscal del país.
En conclusión, esta reforma promete transformar la relación fiscal entre la nación y las regiones, devolviendo autonomía económica a los territorios, aunque con grandes desafíos para su implementación.
