En una reveladora declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Andrea Ramírez, asesora del Ministerio de Hacienda, expuso un complejo entramado que vincula a congresistas con la asignación de millonarios proyectos de infraestructura a cambio de votos y respaldo político. Este testimonio, conocido en exclusiva, arroja luz sobre una presunta red de corrupción que trasciende el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Una matriz de contratos y presiones políticas
Durante su declaración ante el magistrado Misael Rodríguez, el pasado 6 de diciembre, Ramírez detalló la existencia de una «matriz» que contenía proyectos de inversión regional asignados a congresistas. Según la funcionaria, estos proyectos eran gestionados bajo presiones directas de senadores y representantes, quienes condicionaban su apoyo político a la aprobación de contratos de infraestructura.
> «Los congresistas nos consultan constantemente sobre el estado de proyectos de inversión regional. En muchos casos, estos proyectos estaban asociados a votaciones clave en el Congreso», explicó Ramírez.
El papel de María Alejandra Benavides
Mientras Ramírez estaba de licencia de maternidad, su puesto fue asumido temporalmente por María Alejandra Benavides, quien confirmó haber coordinado contratos entregados a congresistas de la Comisión de Crédito Público. Benavides, según documentos y declaraciones, gestionaba los contratos a cambio de respaldo para préstamos internacionales impulsados por el Gobierno.
El testimonio de Ramírez también menciona que, antes de su licencia, envió a Benavides una lista de proyectos, señalando que esta práctica era habitual en el Ministerio. No obstante, al regresar de su licencia, Ramírez se encontró con un escándalo en pleno auge y con la misteriosa desaparición del computador de Benavides, pieza clave en la investigación.
La desaparición del computador y los vínculos con UNGRD
El caso se complica con la desaparición del computador de Benavides, entregado inicialmente a Nicolás Rincón, miembro del despacho del ministro. Según Ramírez, este dispositivo contenía información crucial sobre los proyectos y las relaciones con congresistas. Este incidente recuerda prácticas similares denunciadas en la UNGRD, donde una lista de proyectos por más de 92.000 millones de pesos fue vinculada a congresistas de regiones específicas, como la Costa Caribe, Antioquia y Arauca.
Jaime Ramírez Cobo y los nexos con el Congreso
Otro nombre que emerge en el escándalo es el de Jaime Ramírez Cobo, señalado como un intermediario clave en la aceleración de contratos. Según los chats revelados por SEMANA, Ramírez Cobo trabajaba estrechamente con Benavides para garantizar la asignación de proyectos a congresistas de la Comisión de Crédito Público. Su relación con figuras del Gobierno, como Laura Sarabia, directora del Dapre, añade un elemento más al complejo panorama.
Un modelo sistemático de canje político
El testimonio de Ramírez ante la Corte Suprema refuerza la sospecha de un esquema sistemático de canje político en el que proyectos de infraestructura eran utilizados como moneda de cambio para obtener votos en el Congreso. Aunque Ramírez intentó mostrarse ajena al escándalo, las contradicciones con las declaraciones de Benavides y los audios revelados sugieren una implicación más profunda.
> «Los congresistas siempre han mostrado interés en que los proyectos lleguen a sus regiones. Es un tema que se discute abiertamente en el Congreso», afirmó Ramírez durante su declaración.
¿Un nuevo capítulo en el escándalo?
La investigación sobre este entramado apenas comienza. La desaparición del computador de Benavides, los vínculos con figuras clave del Gobierno y las presiones políticas que han salido a la luz podrían destapar un caso que trasciende al Ministerio de Hacienda y toca las fibras más sensibles del aparato político nacional.
Este escándalo, que involucra a congresistas, altos funcionarios y contratos millonarios, no solo cuestiona la transparencia del Gobierno, sino que plantea serias dudas sobre la ética en la gestión de los recursos públicos. La «matriz» revelada por Andrea Ramírez podría convertirse en el punto de partida para desentrañar uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años en Colombia.
