Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla han encendido las alarmas. En la capital de Antioquia, por ejemplo, se han cerrado seis clínicas. Se necesitan al menos 315 camas para prestar servicios obstétricos adecuadamente, pero actualmente solo cuenta con 109.
En Colombia, el sistema de salud enfrenta una crisis sin precedentes que pone en riesgo la vida de miles de mujeres embarazadas, recién nacidos y niños. El cierre masivo de servicios de obstetricia, ginecología y neonatología en clínicas y hospitales de ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá ha generado una situación alarmante, con menos camas disponibles para atender partos y una creciente sobrecarga en los centros médicos que aún prestan estos servicios. Esta realidad no solo evidencia un problema de acceso a la salud, sino también una profunda crisis financiera que afecta a todo el sistema.
María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, ha sido clara al señalar que el cierre de servicios de ginecología, obstetricia y pediatría no es un fenómeno reciente, sino que se ha venido agudizando en los últimos años. “Desde hace dos o tres años, vienen cerrando servicios de ginecobstetricia y pediatría en todo el departamento. La primera ciudad que cerró fue Cartago, luego siguieron Buga, Palmira y, últimamente, Cali”, afirmó la funcionaria.
Uno de los casos más icónicos que deja esta situación es el cierre de las unidades de obstetricia y neonatología de la Clínica Farallones de Cali. Los especialistas que atendían esta unidad especializada hicieron una velatón para despedirse del lugar en el que nacieron 84.180 bebés y fueron atendidos 48.620 pacientes en el área neonatal.
Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, advirtió que obstetricia y neonatología eran dos de los principales servicios de la Clínica Farallones. “Hace 27 años, abrieron esta clínica como la clínica materno infantil, hoy no es materno ni infantil. Las tarifas que pagan las EPS son muy bajas y no las pagan a tiempo”, señaló el especialista.
Hay que mencionar que, además, son alrededor de 100 trabajadores del gremio de la salud, entre ellos 19 médicos obstetras y 14 pediatras neonatólogos, enfermeras, auxiliares, terapistas y camilleros, que se despiden de su lugar de trabajo.
Estos cierres han tenido un impacto directo en la población más vulnerable: las madres y los niños. La falta de servicios locales obliga a las mujeres a desplazarse hasta Cali para recibir atención, lo que implica mayores gastos de bolsillo, riesgos durante los viajes y una sobrecarga en los centros médicos que aún funcionan. “Cuando hay sobreocupación del servicio, la calidad se pierde”, advirtió Lesmes, quien también destacó que la atención del parto y el posparto inmediato son cruciales para la salud de la madre y el recién nacido.
La situación no es exclusiva del Valle del Cauca. En todo el país, el cierre de servicios de salud esenciales se ha convertido en una tendencia preocupante, agravada por la crisis financiera del sistema de salud. “El problema es plata, y la solución del sector es plata”, afirmó Lesmes, refiriéndose al desfinanciamiento crónico de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que ha llevado a muchas instituciones a cerrar servicios que no son rentables.
Medellín: un déficit del 65 % en camas para partos
En Medellín, la situación es igual de crítica. Según cifras oficiales, en los últimos años se han cerrado seis clínicas de partos, y solo quedan siete en funcionamiento. Esto representa un déficit del 65 % en camas para atender partos, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades y la ciudadanía. El alcalde Federico Gutiérrez reconoció que la ciudad necesita al menos 315 camas para prestar servicios obstétricos adecuadamente, pero actualmente solo cuenta con 109.
El anuncio de la Clínica de Las Américas de cerrar su unidad de atención de partos a partir del 1 de marzo de 2024 ha profundizado la preocupación. Este cierre se suma a una lista creciente de instituciones privadas que han decidido abandonar estos servicios, debido a su falta de rentabilidad. Sin embargo, la consecuencia directa es la pérdida de calidad en la atención y el aumento de barreras de acceso para las mujeres embarazadas.
Frente a este panorama, la Universidad de Antioquia expuso una serie de preocupaciones en un extenso comunicado. “Las unidades académicas del área de la salud de la Universidad de Antioquia, en conjunto con el Departamento de Ginecología y Obstetricia de nuestra institución, expresamos nuestra profunda preocupación ante el cierre de camas destinadas a la atención materna y de partos en diversas clínicas y hospitales de la ciudad de Medellín. Esta situación representa una amenaza significativa para la salud materna y perinatal en nuestra región”.
Asimismo, subrayaron que la reducción de espacios para la atención obstétrica limita el acceso de las gestantes, en especial de los grupos poblacionales con menor capacidad económica, a servicios médicos especializados. “Es imperativo recordar que la salud materna y perinatal es un pilar fundamental en el bienestar de nuestra sociedad. La atención oportuna y adecuada durante el embarazo y el parto es esencial para garantizar la vida y la salud tanto de la madre como del recién nacido. El cierre de camas obstétricas compromete este objetivo y puede tener consecuencias graves a corto y largo plazo”.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades de salud, a las directivas de las instituciones hospitalarias y a la sociedad en general, para que se tomen medidas inmediatas que reviertan esta tendencia. Es necesario garantizar recursos suficientes y una infraestructura adecuada para la atención materna, asegurando que todas las mujeres tengan acceso a servicios de calidad durante todo el proceso gestacional”, señala el documento.
Bogotá: el cierre temporal del Hospital San Ignacio
En Bogotá, el Hospital San Ignacio, una de las instituciones más reconocidas del país, anunció el cierre temporal de sus servicios de obstetricia, ginecología y atención materno-infantil, debido a la crisis financiera del sistema de salud. Este hecho ha generado una ola de preocupación entre los profesionales de la salud y las organizaciones médicas.
Marcela Celis, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Asbog), advirtió que este cierre podría desencadenar un efecto dominó en toda la red hospitalaria de la capital. “El cierre de este servicio representa, por lo menos, a nuestra mirada, el inicio de un efecto dominó que va a impactar toda la red hospitalaria de Bogotá y que afecta claramente el desenlace de la atención del binomio madre e hijo”, afirmó Celis.
Un problema nacional
Dionne Cruz, expresidenta y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Colombiana de Salud Pública, señaló que esta problemática no es nueva. “Hace más o menos una década, el país viene enfrentando los cierres no solamente de camas de cuidado de niños y niñas, sino también de unidades ginecobstetricias y neonatales”, explicó Cruz. Según ella, la raíz del problema está en la lógica de la rentabilidad económica que prima sobre la rentabilidad social en el sistema de salud colombiano.
Cruz recordó que, según la Constitución Política de Colombia, los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás. Sin embargo, esta garantía constitucional choca con la realidad de un sistema que prioriza los negocios sobre la atención integral a la población más vulnerable. “El tema del negocio, la imposición de la lógica de la rentabilidad económica sobre la lógica de la rentabilidad social, es lo que ha derivado en el cierre de estas unidades”, afirmó.
El déficit de camas pediátricas y sus consecuencias
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Colombia debería tener al menos 30.000 camas pediátricas para atender adecuadamente a su población. Sin embargo, el país solo cuenta con 17.000, lo que representa un déficit significativo. Entre 2023 y 2024, se cerraron 142 camas pediátricas en distintas ciudades del país, incluyendo Medellín, Cali y Bogotá.
Este déficit tiene consecuencias graves, especialmente en las zonas rurales, donde los servicios de salud son precarios. Muchas mujeres deben desplazarse largas distancias para recibir controles prenatales o atención durante el parto, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y mortalidad materna. Además, la falta de atención adecuada durante el embarazo y el parto puede derivar en bajo peso al nacer, complicaciones neonatales y, en algunos casos, la muerte de los recién nacidos.
Frente a esta crisis, las autoridades y expertos en salud han hecho un llamado urgente al Gobierno nacional y a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EPS), para que tomen medidas concretas. “El llamado es, en primer lugar, a las EPS que hagan contratos al incremento de la UPC como corresponde, pero que garanticen la integralidad de la prestación de servicios”, afirmó Lesmes.
Además, se requiere una revisión profunda del sistema de salud para priorizar la atención a la población más vulnerable y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente. La judicialización de la salud, donde los pacientes recurren a tutelas para acceder a servicios y medicamentos, ha exacerbado la crisis financiera del sistema, pero también evidencia las fallas estructurales que deben ser abordadas.
