La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia urgente sobre un posible racionamiento de energía que podría dejar sin electricidad a cerca de 10 millones de personas en Colombia. Según el organismo, el Ministerio de Minas y Energía ha incurrido en un retraso significativo en el pago de subsidios a las empresas encargadas de suministrar energía, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio en varias regiones del país.
Regiones en riesgo
Las zonas más vulnerables ante este posible apagón incluyen la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). La Contraloría señaló que la falta de pagos, que dependen de la asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podría desencadenar un racionamiento severo o incluso la cesación completa del servicio.
Superintendencias en la mira
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, también cuestionó la falta de acción por parte de las superintendencias de Servicios Públicos y de Industria y Comercio. Según Rodríguez, estas entidades no han emitido ninguna alerta sobre la situación, a pesar de la gravedad del riesgo.
“La vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios corresponde a estas superintendencias, pero hasta la fecha no se conoce de ninguna actuación concreta que haya sido desplegada”, destacó Rodríguez.
Consecuencias potenciales
La Contraloría advierte que un corte generalizado de energía no solo afectaría el suministro de electricidad, sino que también podría desencadenar problemas en sectores críticos como la salud, la educación, el comercio y el sistema de acueductos. Rodríguez instó al Gobierno Nacional a tomar medidas inmediatas para regularizar los pagos de los subsidios y así evitar una crisis energética de gran magnitud.
Factores detrás del riesgo
El riesgo de un apagón, según la Contraloría, no solo es producto de las demoras actuales, sino también de decisiones no tomadas por administraciones anteriores. Entre ellas, destaca la falta de actualización de medidas implementadas durante la pandemia, como la “opción tarifaria” que congeló las tarifas para aliviar el gasto de los hogares.
“Además, el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía ha limitado el suministro por parte de los generadores, afectando especialmente a las empresas de la Costa Caribe”, añadió el organismo de control.
Ante la posibilidad de que millones de colombianos se queden sin electricidad, la Contraloría ha hecho un llamado urgente al Gobierno para que tome las medidas necesarias y evite una situación de racionamiento que podría tener repercusiones a nivel nacional.
