Miguel Uribe Londoño aseguró que Gustavo Petro sabía que su hijo iba a ser asesinado y cuestionó las actuaciones del anterior gobierno frente al crimen. También desestimó la hipótesis sobre una posible infiltración del esquema de seguridad, mientras María Claudia Tarazona sostiene que esa línea debe seguir siendo investigada.
La muerte de Miguel Orlando Guzmán, alias ‘Robinson Gutiérrez’, volvió a poner en el centro de la discusión la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
‘Robinson Gutiérrez’, señalado por las autoridades como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, murió durante una operación de la Fuerza Pública en la vereda El Cadillo, en Tello, Huila. Según la información oficial, en el operativo participaron Ejército, Policía y Fuerza Aérea, y otras tres personas fueron capturadas. El Gobierno lo vinculó con la investigación por el magnicidio de Uribe Turbay.
Tras conocerse la operación, María Claudia Tarazona, viuda del senador, envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella y pidió continuar avanzando en el esclarecimiento del crimen.
“Gracias, presidente Abelardo, con su determinación y voluntad, pronto se hará justicia por Miguel, Alejandro y toda la familia”, escribió Tarazona en sus redes sociales.
Pero el pronunciamiento que generó mayor controversia fue el de Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, quien señaló directamente al expresidente Gustavo Petro.
A través de su cuenta de X, Uribe Londoño escribió: “Petro instigó el asesinato, sabía que lo iban a matar, le quitó la protección con la complicidad de su amigo el director de la UNP y sabe quién dio la orden”.
Posteriormente, en declaraciones a La FM, el padre de Miguel Uribe Turbay sostuvo que alias ‘Robinson Gutiérrez’ habría tenido participación en el componente financiero del crimen.
“Robinson participó en la parte financiera, en el movimiento del dinero”, afirmó.
Las acusaciones contra Petro
Miguel Uribe Londoño también cuestionó la actuación del anterior Gobierno frente a la investigación y aseguró que el proceso estuvo estancado durante la administración de Gustavo Petro.
“Esa investigación ha estado estancada por el gobierno anterior, porque la Fiscalía no recibió toda la información disponible”, afirmó.
El padre del senador fue más allá y sostuvo que quienes ordenaron el asesinato serían personas cercanas al expresidente.
“Los que dieron la orden son muy cercanos a él. Inclusive, él sabe quién mató a Miguel. Él sabía que lo iban a matar”, afirmó.
Estas declaraciones corresponden a los señalamientos de Miguel Uribe Londoño y no constituyen una determinación judicial sobre la responsabilidad de Gustavo Petro en el asesinato.
Lo que sí está establecido dentro de la investigación judicial es que, en marzo de 2026, la Fiscalía anunció siete órdenes de captura contra integrantes de la Segunda Marquetalia por su presunta participación como determinadores del magnicidio. Entre los buscados están alias ‘Iván Márquez’, ‘Jhon 40’, ‘Zarco Aldinever’, ‘Rumba’, ‘Enrique Marulanda’, ‘Gonzalo’ y ‘Yako’. La Fiscalía señaló que la investigación apuntaba a una operación criminal articulada desde esa estructura.
El choque de versiones sobre los escoltas
Otro de los puntos de controversia es la posible infiltración del esquema de seguridad que protegía a Miguel Uribe Turbay.
María Claudia Tarazona había informado desde las primeras etapas de la investigación que tenía indicios de que personas relacionadas con la estructura que ejecutó el atentado podrían haber tenido acceso a información reservada sobre los movimientos y la seguridad del senador.
Sin embargo, Miguel Uribe Londoño contradijo esta versión y descartó que los escoltas de su hijo hubieran participado en el crimen.
“Los escoltas de Miguel no participaron en eso. Eso se investigó hace 15 meses o 14 y no se llegó a ningún dato, a ningún detalle importante. Eso es un refrito de ahora. Era como una cortina de humo”, afirmó.
También sostuvo que no existe una prueba contundente que permita señalar a un escolta como responsable de haber entregado información sobre la presencia de Miguel Uribe en el parque El Golfito.
“No hay ninguna prueba contundente para decir que hubo un escolta vinculado, que dijera que Miguel iba a estar en el parque ese día, porque además esa invitación a participar en esa reunión se había hecho con tres o cuatro días de anticipación”, señaló.
La hipótesis sobre un contacto llamado “escolta del senador”
La versión de Tarazona y de su abogado, Víctor Mosquera, tiene como uno de sus elementos centrales información encontrada durante la investigación en el teléfono de Élder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, señalado como uno de los responsables de la logística del crimen y posteriormente condenado mediante preacuerdo a 26 años y tres meses de prisión.
Documentos del expediente conocidos por medios de comunicación muestran que la Fiscalía tuvo conocimiento de esta hipótesis pocas semanas después del atentado.
Según la declaración de Eduardo Jesús Moreno Medina, alias ‘Churco’, quien para entonces era menor de edad, ‘Chipi’ habría asegurado tener personas dentro del entorno de seguridad de Miguel Uribe.
El joven declaró ante la Fiscalía que la organización conocía información sobre la residencia del senador, el vehículo Toyota TXL en el que se movilizaba y algunas de sus rutas.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la existencia de un contacto almacenado en el teléfono de ‘Chipi’ como “Escolta del senador” o “Escolta senador”.
De acuerdo con la declaración de ‘Churco’, a finales de mayo de 2025 presenció una llamada de WhatsApp entre ‘Chipi’ y ese contacto mientras se encontraban en un taller de motocicletas en Engativá.
La comunicación habría durado apenas unos segundos y, según el testimonio del menor, una voz masculina respondió: “hay manifestaciones” antes de terminar la llamada. La Fiscalía investiga quién utilizaba ese número y qué relación tenía con la estructura criminal.
La declaración de ‘Churco’
La diligencia en la que ‘Churco’ entregó esta información comenzó el 23 de julio de 2025, a las 3:35 de la tarde, en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.
La declaración fue suspendida posteriormente ante una posible autoincriminación y se reanudó al día siguiente. En esa diligencia, el joven entregó información sobre la supuesta relación entre ‘Chipi’ y personas del entorno de seguridad de Miguel Uribe.
Según su versión, ‘Chipi’ decía contar con varios escoltas “de su parte” y recibir información que permitía conocer movimientos del entonces senador.
La declaración también señaló que algunos de esos datos habrían sido obtenidos a cambio de dinero y que los pagos estarían relacionados con la estructura financiera de la organización.
La investigación ha buscado establecer quién estaba detrás del contacto identificado como “Escolta del senador” y si realmente existió una filtración desde el esquema de protección.
La respuesta de la Fiscalía
La Fiscalía ha señalado que esta hipótesis no fue ignorada y que desde que tuvo conocimiento de ella abrió una línea de investigación para verificarla.
De acuerdo con información conocida del expediente, las autoridades realizaron diferentes actividades de policía judicial para determinar si existió participación de integrantes del esquema de seguridad.
Al mismo tiempo, la Fiscalía advirtió que la versión entregada por el joven presentaba varias contradicciones y que era necesario realizar diligencias adicionales para establecer qué elementos podían ser corroborados.
Investigaciones periodísticas recientes también han señalado que, además del testimonio de ‘Churco’, existen otros elementos que están siendo analizados, entre ellos registros de ubicación y comunicaciones que podrían ayudar a determinar si hubo algún contacto entre personas vinculadas al esquema de seguridad y miembros de la organización criminal.
Por ahora, la posible infiltración del esquema de seguridad continúa siendo una línea de investigación, y no existe una conclusión judicial que establezca que un escolta haya participado en el asesinato.
El caso sigue abierto
El asesinato de Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025, cuando el entonces senador y precandidato presidencial fue atacado a tiros durante una actividad política en Bogotá.
La Fiscalía ha judicializado y condenado a varios participantes de la estructura que ejecutó el atentado y, en marzo de 2026, anunció órdenes de captura contra siete integrantes de la Segunda Marquetalia que, según el ente investigador, estarían relacionados con la determinación y coordinación del crimen.
La muerte de alias ‘Robinson Gutiérrez’ abre ahora un nuevo capítulo en el caso, mientras continúan las investigaciones para establecer el papel que habría desempeñado dentro de la estructura y esclarecer completamente quiénes participaron en la planeación, financiación y ejecución del asesinato.
Al mismo tiempo, permanecen abiertas las dos principales discusiones expuestas tras las declaraciones de la familia: por un lado, los señalamientos de Miguel Uribe Londoño contra el expresidente Gustavo Petro, y por otro, la hipótesis sobre una eventual filtración de información desde el esquema de seguridad, que la Fiscalía mantiene bajo investigación.
Hasta el momento, ninguna de estas dos hipótesis permite atribuir judicialmente a Gustavo Petro o a integrantes del esquema de seguridad responsabilidad en el asesinato más allá de lo que determinen las investigaciones y las autoridades competentes.
