Se conocen nuevas denuncias de presuntas irregularidades en el Ministerio de la Igualdad.
Miller Soto, vocero del Gobierno nacional, entregó un nuevo balance de las presuntas irregularidades que encontró la administración entrante en el Ministerio de la Igualdad, que está en proceso de liquidación.
Entre los hallazgos, se alertó sobre supuestas inconsistencias en algunas contrataciones, la falta de entrega de las llaves de espacios clave de la entidad por parte del último ministro del gobierno Petro y las millonarias deudas que se arrastran.
En primer lugar, se informó que se han recuperado más de 20.000 millones de pesos anualizados, que pueden traducirse en 6.600 auxilios de arrendamiento para las familias damnificadas por el terremoto.
Se denunció que el último ministro que estuvo al frente del Ministerio “aún no entrega las llaves” de las bodegas donde se almacenan mercancías de la Dian por valor de $16.800 millones.
De igual manera, Soto detalló que se han suprimido los cinco viceministerios de la entidad, una medida que representa un ahorro de cerca de 1.500 millones de pesos anuales.
También se avanza “en la eliminación de más de 40 cargos directivos adicionales, con lo que el Gobierno calcula un ahorro adicional de 12.000 millones de pesos anuales”, reportó la Casa de Nariño.
El plan de choque contempla ahorrarle otros 2.000 millones de pesos al año por cuenta del desmonte de cinco de los ocho pisos del edificio donde funcionó el Ministerio.
Se revisaron más de 60 contratos, que suman más de 469.000 millones de pesos, firmados a última hora por el gobierno de Gustavo Petro.
Frente a estas contrataciones, el Gobierno señaló: “Una sola empresa concentraba más de 171.000 millones de pesos, mientras el año pasado apenas se ejecutó el cinco por ciento de la inversión”.
Por todas estas sospechas de irregularidades, el Gobierno nacional tomó la decisión de radicar 13 denuncias (seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales).
Además, el Ejecutivo encontró que 567 empleados del Ministerio de la Igualdad, en proceso de liquidación, quedaron sin salario ni seguridad social. El presidente Abelardo De La Espriella pidió garantizarles los derechos a estas personas y ordenó cubrir esas obligaciones.
Miller Soto concluyó: “Eso es cumplir. Menos burocracia, más eficiencia, más recursos para quienes más los necesitan. El presidente está poniendo la casa en orden y en el centro de su Gobierno a los damnificados y a los más vulnerables”.
