Dentro de poco será publicado el nuevo decreto de emergencia económica, que precisa cuál será el manejo financiero de la situación.
Colombia vive un capítulo oscuro en su historia, luego de que el pasado 11 de agosto a las 07:34 de la mañana un fuerte temblor sacudiera al país y ocasionara graves desastres en zonas como Cali, Pereira, Manizales y varios municipios del Eje Cafetero, dejando más de 200 muertos hasta el momento.
Tras la tragedia, el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció hace algunas horas el decreto de desastre nacional, que buscaría atender los desastres ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Además, anunció que dentro de poco publicarían el decreto de emergencia económica para realizar el manejo financiero de la tragedia. Una de las novedades del documento es la forma en la que buscarían los recursos, pues no lo harían vía aumento de impuestos, sino vía crédito.
Es decir, pese a la emergencia, los colombianos no tendrán que pagar más dinero en tributos para atenderla. Las alternativas que evaluará para acceder a mayor presupuesto son reasignar o movilizar presupuestos que están en el Fondo de Gestión del Riesgo, además de conseguir recursos mediante créditos.
El Gobierno De La Espriella contempla conseguir un crédito de unos 450 millones de dólares por parte del Banco Mundial para atender la crisis. También recaudará recursos a través de organismos multilaterales que pueden aportar recursos.
El Decreto precisa que durará cerca de 12 meses, lo que significa que este régimen especial durará un año. De acuerdo con el reporte preliminar, fueron 12 los departamentos afectados, 330 los municipios afectados, 32 vías con daños, 376 instituciones afectadas, 1.460 personas heridas, más de 3.400 viviendas afectadas, entre otros.
Es importante recordar que esta decisión se toma en el marco de la Ley 1523 permite declarar un desastre de carácter nacional cuando los efectos de una emergencia superan la capacidad técnica y económica de los gobiernos departamentales y municipales afectados. Esta medida permite un marco jurídico especial en el que se puedan tomar decisiones urgentes y de manera rápida.
