El primer mandatario expidió una resolución para otorgar el beneficio a los criminales.
Fue a través de una resolución que el presidente de la República, Gustavo Petro, advirtió que se suspenderán las órdenes de captura en contra de cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos su máximo líder alias Chiquito Malo, y fue justamente mediante una resolución que la fiscal Luz Adriana Camargo le negó la solicitud.
La jefe del ente acusador firmó la resolución en la que advierte que no es posible otorgar el beneficio a estos criminales, que los procesos y las órdenes de captura que mantienen con la justicia seguirán incólumes hasta tanto no logren verificar con certeza el estado del proceso de paz.
“Resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hasta las zonas de ubicación temporal que impliquen no ejecutar de manera general automática e inmediata órdenes de captura del 25 de junio de 2026, fecha de inicio de la ZUT fijada por la misma, y hasta que cuente con información suficiente verificable respecto del cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”, señaló la Fiscalía.
Lo que ocurrió con los señalados capos de Antioquia recluidos en la cárcel de Itagüí, justamente el escenario de una parranda vallenata, dejó algunas cicatrices en la Fiscalía, pues varios incluidos en una solicitud de suspensión de órdenes de captura, y que harían parte de las mesas urbanas de paz, ya se encontraban privados de la libertad; esto motivó al ente acusador a ser más exigente en la verificación de los listados presentados por el Gobierno nacional.
”Dispuso la verificación de la información relativa al listado de las 29 personas remitido por la OCCP en la Resolución 120 de 2026, lo cual incluye como mínimo su plena identificación, situación jurídica, existencia de órdenes de captura nacionales o con fines de extradición vigentes y la información disponible sobre su pertenencia al EGC, en el marco de las competencias de la Fiscalía”, señaló el ente acusador.
Advierte la Fiscalía que es necesario hacer las verificaciones correspondientes y no quedarse solo con la información que entrega el grupo criminal respecto del avance de las conversaciones, la efectividad de las mismas y la posibilidad de que no incurran en nuevas conductas criminales mientras se encuentren o se desplacen a las zonas de ubicación temporal.
“La suspensión de conductas contrarias al DIH o al DIDH, la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades contra la población civil, el desminado cuando corresponda, el plan para desarticular las estructuras dedicadas a la comisión de delitos, la transición de economías ilegales a proyectos productivos lícitos y el desmonte de las estructuras financieras que soportan la organización y sus actividades criminales”, dijo la Fiscalía.
Un punto central de la resolución para negar la suspensión de las órdenes de captura está justamente en alias Chiquito Malo. La Fiscalía advirtió que en contra de este criminal hay una orden de extradición aprobada por la Corte Suprema de Justicia y, a pesar de las competencias que tiene el presidente, es necesario respetar los compromisos de cooperación judicial internacional.
