La Corte Suprema rechazó la tutela que había presentado la defensa del llamado Zar del Contrabando.
La Corte Suprema de Justicia rechazó, por improcedente, una acción radicada por la defensa de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, con la que buscaba frenar el trámite de extradición que se adelanta con las autoridades de Portugal.
En este sentido, se advirtió que el recurso no tenía ninguna intención de prosperar puesto que no cuenta con una base jurídica clara.
“Se trata de una pretensión que desborda la órbita de acción del juez constitucional, especialmente, porque en este momento el trámite de extradición objeto de pronunciamiento depende del Gobierno de Portugal”, señala la decisión del alto tribunal.
Tras evaluar varios elementos de prueba, la Corte Suprema señaló que desde hace varios meses las autoridades colombianas pusieron a disposición los canales diplomáticos establecidos, lo que garantiza un respeto al debido proceso.
Con esto, se señala que no existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite que busca que Marín Buitrago regrese a Colombia y atienda los requerimientos judiciales.
“Puede notarse, tal como lo aclaró la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, que el procedimiento está activo. En la actualidad, los organismos estatales están a la espera de que las autoridades portuguesas dispongan la entrega del requerido”, enfatiza.
Teniendo en cuenta el mencionado trámite, la Corte Suprema señaló que “no encontró procedimientos arbitrarios que impliquen una intervención excepcional del juez constitucional”.
Marín Buitrago es requerido por las autoridades colombianas para que enfrente un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
Los cargos tienen relación con las actividades de contrabando en los principales puertos del país y el pago de sobornos a funcionarios para que le permitieran pasar sus cargamentos.
La Fiscalía General sostiene que durante varios años el conocido Zar del Contrabando entregó cerca de 1.019 millones de pesos para sobornar a oficiales y agentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con el fin que no le pusieran problema a los cargamentos marcados.
“La Fiscalía advierte, y puede afirmar con probabilidad de verdad, que Diego Marín Buitrago promovió y financió un acuerdo pacto ilícito entre varias personas con el propósito de coaccionar a oficiales activos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dian para ofrecerles integrar esa red delincuencial dedicada al contrabando de mercancías en las principales zonas portuarias del país a cambio de beneficios económicos ilícitos”, señaló el fiscal del caso en la audiencia celebrada el pasado 13 de noviembre.
Para esto, se encargó de contactar personalmente a policías a los que les ofrecía millonarias dádivas “a cambio de lograr su adhesión a la red criminal y que sus servidores públicos realizaran la datos contrarios a sus funciones, como emitir controles aduaneros y favorecer el contrabando de la organización” (sic).
