El congresista publicó documentos que sustentan su cuestionamiento.
El representante a la Cámara y senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que supuestamente el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían “obtenido la mayoría accionaria en Nueva EPS de forma amañada e irregular”.
Forero explicó que la caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia está intervenida desde el 15 de septiembre de 2023 y que el interventor se habría tomado algunas extralimitaciones, cediendo participación accionaria al Ministerio de Hacienda para esa movida.
El representante del uribismo le pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar estos hechos.
Forero compartió un certificado de composición accionaria posterior a la cesión de acciones en el que se consta que hay una resolución del 5 de enero de 2026 mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud autorizó el cambio de la composición accionaria derivada de una “cesión de acciones de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
Asimismo, se certifica que hay documentos contractuales, entre los que se encuentran el contrato de cesión de acciones por parte de la caja de compensación al Ministerio de Hacienda, así como el libro de registro de accionistas y la certificación de composición accionaria emitida por la contadora de la Nueva EPS fechada el 7 de enero de 2026.
El congresista también cuestionó que en las últimas horas el Hospital Alma Máter le haya notificado a la Nueva EPS que suspendieron los servicios para los usuarios, pues la prestadora de salud habría incumplido el cronograma para la formalización de un contrato para los regímenes subsidiado y contributivo, además de una cartera que tenían pendiente por más de 53.870 millones de pesos.
“Y entretanto Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo tienen en el limbo y acéfala a Nueva EPS. Lo que hacen es inhumano y criminal”, aseguró Forero.
El caso de la Nueva EPS ha sido particular pues desde distintos sectores han cuestionado lo que ha hecho el Gobierno con la prestadora de salud. Sin embargo, el Gobierno no se ha pronunciado sobre lo que pasará con la empresa luego de que finalizara su intervención el pasado 3 de abril.
La Procuraduría ha pedido que se den las explicaciones formales sobre el estado de la entidad y que haya claridad sobre la continuidad de la medida o qué sucederá. “Se requiere establecer si persisten las causales que dieron origen a la intervención”, solicitó el Ministerio Público.
