La defensa del exministro de Hacienda argumentó que a la Fiscalía se le vencieron los términos para radicar la acusación.
Casi cuatro meses han pasado desde que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue detenido por el proceso que se adelanta en su contra por presunta participación en el saqueo de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo (UNGRD) —el escándalo más grande del Gobierno del presidente Gustavo Petro— y ahora, por un error de la Fiscalía, recuperará la libertad.
El asunto es así: pese a la importancia del caso, la Fiscalía tenía términos legales para presentar ante la Corte Suprema de Justicia la acusación contra el exministro Bonilla, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos.
Según explicó la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Isabel Álvarez Fernández, la norma en principio da 60 días para presentar la acusación pero, en este caso, al tratarse de tres delitos y un tema de connotación nacional, se amplía el plazo a 120 días. Sin embargo, la Fiscalía no cumplió ninguno.
Así las cosas, el plazo máximo para realizar la acusación era el primero de abril, y este 7 de abril, cuando empezó la audiencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, la Fiscalía no había cumplido con su responsabilidad.
Tratando de apagar el incendio que se vendría por la libertad de uno de los más importantes implicados en el saqueo a la UNGRD, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en la Corte Suprema de Justicia, pero más de una hora después de iniciada la audiencia, lo que generó la decisión de la magistrada.
La togada explicó que, a pesar jurisprudencia que avala que se dé por subsanado el error de la Fiscalía si corrige el error y presenta la acusación como un hecho sobreviniente, en este caso, ya había iniciado la audiencia cuando radicó el escrito en la Corte.
No obstante, la togada Fernández argumentó que en este caso debe aplicarse la razonabilidad y no imponer toda la carga sobre la persona acusada.
Lo que es claro es que la Fiscalía superó los 120 días de plazo que tenía para presentar el escrito de acusación y, de este modo, permitió que el exministro Bonilla no continuara en prisión.
