Alias Douglas, Pesebre, Tom, Lindofo y otros que tienen el rol de negociadores son algunos de los beneficiados.
La Fiscalía General de la Nación hizo público este martes el levantamiento de las órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín que participaron en el polémico ‘tarimazo’, organizado por el Gobierno nacional en la capital antioqueña.
Además, también se conoció que entre quienes quedarían libres por cuenta de la disposición del gobierno del presidente Gustavo Petro están alias Douglas, Pesebre, Tom, Lindofo y otros que tienen el rol de negociadores.
La Fiscalía precisó que “Las personas cuya suspensión de órdenes de captura se solicita coincide con aquellas que el Presidente de la República designó como voceros principales y secundarios de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, como se constata al revisar las Resoluciones de Presidencia 39 del 29 de mayo de 2023 y 094 del 8 de abril de 2025″.
Dichos beneficiarios esta suspensión son: Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, y Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo.
Así como Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; y Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya.
La suspensión de la captura también cobija Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre.
Los siete beneficiarios que ya están en libertad son Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.
Frente a los detalles de estas suspensiones de captura, el ente de investigación subrayó que se trata de una medida “temporal, limitada y condicionada exclusivamente a la celebración de ‘negociaciones’ -con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz-, o ‘acercamientos y conversaciones’ -con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento-.”
Cabe recordar que el gobierno del presidente Gustavo Petro designó a estos cabecillas de estructuras criminales gestores de paz e instaló con ellos una mesa de negociación sociojurídica en la cárcel de Itagüí el pasado 2 de junio del año 2023.
“La Oficina del Consejero Comisionado de Paz resalta la implementación progresiva de objetivos orientados a la desarticulación de las estructuras armadas, la transformación de economías ilícitas y la reducción gradual de las violencias urbanas, al igual que compromisos que permiten medir la voluntad de sometimiento a la justicia”, señala la Fiscalía en la resolución que levanta las órdenes de captura.
También explica el ente de control que la presencia de estos voceros “ha sido fundamental, pues ha permitido la construcción de compromisos que han logrado que este Espacio de Conversación genere acciones de desescalamiento de la violencia urbana, de facilitación de la intervención institucional y de verificación de la intención de transitar al Estado de derecho y de desarrollar un proceso sostenible”.
No obstante, la Fiscalía puntualizó que las suspensiones de órdenes de captura tendrán una vigencia inicial se seis meses, periodo en el cual se dará inicio a la implementación de los compromisos alcanzados en el espacio de negociaciones. “Este plazo permitirá la correcta ejecución de las actividades previstas, siendo revisado conforme avance el proceso para su prórroga.”
