Uno de los temas que vuelve a generar polémica en medio del calendario electoral es el sistema de reposición de votos, un mecanismo mediante el cual el Estado les paga dinero a los partidos y candidatos por cada voto obtenido en las elecciones.
Este sistema hace parte de la financiación estatal de la política y está contemplado en la Ley 1475 de 2011, que establece que el Estado contribuye a los gastos de campaña mediante la reposición de gastos por votos válidos obtenidos.
¿Cuánto vale cada voto?
Para el proceso electoral de 2026, el Consejo Nacional Electoral fijó valores aproximados para esa reposición:
Primera vuelta presidencial: $4.225 por voto si el candidato recibió anticipos del Estado. $8.613 por voto si no recibió anticipos. Segunda vuelta presidencial: alrededor de $2.109 por voto.
En el caso de las consultas presidenciales, el monto fijado fue de aproximadamente $8.287 por cada voto válido obtenido por los candidatos.
Esto significa que mientras más votos obtenga un candidato o partido, más dinero recibe del Estado para cubrir gastos de campaña.
¿Quiénes reciben ese dinero?
No cualquier candidato puede reclamar esos recursos. Para acceder a la reposición de votos, las campañas deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos alcanzar un porcentaje mínimo de votación o superar el umbral electoral, dependiendo del tipo de elección.
El dinero no se entrega automáticamente al candidato, sino que se reconoce como reembolso de gastos reportados en la campaña.
El debate político
El sistema ha sido criticado por algunos sectores políticos que consideran que se convirtió en un millonario negocio electoral, ya que las campañas que obtienen grandes votaciones terminan recibiendo miles de millones de pesos en reposición estatal.
Otros defienden el mecanismo señalando que permite financiar la política con recursos públicos y reducir la dependencia de donantes privados.
En medio del ambiente electoral rumbo a las elecciones de 2026, el debate sobre la reposición de votos vuelve a encenderse, pues cada elección implica millonarios recursos del Estado destinados a las campañas políticas.
