El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno colombiano trabajará en la inclusión de un nuevo concepto jurídico-técnico en el decreto del salario mínimo de 2026 para justificar ante el Consejo de Estado el aumento récord planteado para este año, luego de que esa alta corte suspendiera provisoriamente la vigencia del decreto original por falta de suficientes fundamentos técnicos dentro de la normatividad vigente.
La medida de ajuste salarial, que inicialmente contemplaba un aumento de 23,78 % respecto al año anterior, fijando el salario mínimo en $1.750.905 COP más auxilio de transporte —llegando cerca de $2.000.000 COP mensuales— quedó temporalmente sin efectos tras la decisión cautelar del Consejo de Estado, que ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días sustentado en criterios estrictamente técnicos y constitucionales.
Frente a esta situación, Petro insistió en que el concepto de “salario mínimo vital”, que había usado el Ejecutivo para justificar el alza, está amparado por la Constitución y afirmó que el nuevo decreto incluirá fundamentos jurídicos adicionales para defender el aumento ante el alto tribunal, con participación del Ministerio de Trabajo y otras entidades del Ejecutivo.
La controversia ha generado incertidumbre económica y política: mientras sectores sindicales y progresistas respaldan el incremento por considerarlo necesario para garantizar poder adquisitivo a los trabajadores, críticos advierten que el uso de conceptos poco claros y medidas de corte político para fijar el salario mínimo viola los requisitos técnicos exigidos por la Ley 278 de 1996, que obliga a fundamentar ajustes salariales en indicadores como inflación, productividad y crecimiento económico.
La decisión del Consejo de Estado también reabrió el debate nacional sobre la institucionalidad y los equilibrios legales en torno a políticas económicas, y plantea un desafío para el Gobierno, que ahora deberá defender legalmente su propuesta salarial en plena coyuntura electoral y con la mirada crítica de empresarios, analistas económicos y sectores preocupados por la creación de empleo y el impacto sobre la economía formal.
