La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro reconfiguró el escenario político nacional y desató fuertes cuestionamientos sobre el uso del poder ejecutivo en un año preelectoral.
El alto tribunal ordenó:
“SUSPENDER PROVISIONALMENTE el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 (…) hasta tanto la Sala Plena profiera una decisión de fondo”.
La votación fue de seis magistrados a favor y dos en contra, lo que deja en pausa una medida que buscaba ampliar las facultades económicas del Ejecutivo.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza, asegurando que la suspensión traerá “consecuencias” y trasladará una crisis mayor a la sociedad, insistiendo en que sectores privilegiados estarían siendo protegidos.
Sin embargo, desde distintos sectores las lecturas son otras.
⚖️ “La democracia está en riesgo”
La representante a la Cámara Katherine Miranda advirtió que lo ocurrido debe encender las alarmas frente al proceso electoral que se avecina. Según señaló, existen denuncias de contratistas que estarían siendo presionados políticamente.
“Hoy la democracia está en riesgo, hoy no hay libertad de elección”, afirmó, al referirse a supuestas exigencias para movilizar personas a cambio de renovar contratos.
Miranda fue más allá y aseguró que el trasfondo de las decisiones económicas no es técnico sino político:
“Están firmando contratos masivos para aceitar las maquinarias para la campaña política”.
La congresista calificó el discurso del Gobierno como “populista y mentiroso” y sostuvo que el Ejecutivo estaría saltándose la Constitución y usurpando funciones del Congreso.
🏭 Gremios también cuestionan
Las críticas no se limitaron al Congreso. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó en una entrevista con Semana que el Gobierno conocía la posible inconstitucionalidad del decreto.
“Yo me pregunto hasta qué punto todo esto era un libreto organizado”, afirmó.
Para el dirigente gremial, la medida implicaba más impuestos para los ciudadanos mientras el Ejecutivo concentraba recursos en un contexto electoral. Además, lanzó una advertencia grave:
“Lo que quieren básicamente es un levantamiento, un desorden… Hay que ser mucho más responsables con Colombia”.
🔍 El fondo del debate
Más allá del impacto fiscal, lo que está en juego es el equilibrio institucional. La suspensión deja sobre la mesa un choque directo entre el Ejecutivo y la Corte, y alimenta el debate sobre si el Gobierno está utilizando instrumentos excepcionales para fortalecer su posición política de cara a las elecciones.
El fallo de fondo de la Corte será determinante para definir si se trató de una medida legítima o de un intento de ampliar el poder presidencial por fuera de los límites constitucionales.
