La caída de la emergencia económica obliga al Ejecutivo a volver al Congreso. Se abre el camino a más impuestos o más deuda.
La decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica le cerró al Gobierno de Gustavo Petro un atajo clave para conseguir recursos y dejó al descubierto el verdadero problema fiscal: un presupuesto aprobado sin ingresos plenamente asegurados.
Con la herramienta excepcional fuera de juego, el Ejecutivo ahora se ve obligado a volver al camino ordinario y ya da señales de que presentará una ley de financiamiento o una nueva reforma tributaria. En otras palabras, lo que no logró por decreto intentará sacarlo por el Congreso.
Según versiones conocidas por el diario La República, el Gobierno asume que deberá insistir en el Legislativo para cubrir el vacío que dejó la suspensión. El mensaje es claro: si no hay nueva tributaria, el ajuste vendrá por el lado del gasto.
💰 El fantasma de un recorte billonario
Desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconocen que el margen de maniobra se redujo de forma drástica. Sin una ley que respalde los ingresos faltantes, la normativa obligaría a un recorte automático que rondaría los $16 billones, un golpe directo a programas y sectores clave.
El Gobierno insiste en que la emergencia no fue un “capricho”, sino la última carta. Sin embargo, para muchos analistas, el trasfondo es otro: se diseñó un presupuesto confiando en recursos inciertos, y ahora la factura la pagarían contribuyentes o entidades públicas.
📉 Más deuda: el plan incómodo
En paralelo, vuelve a asomarse una opción que el Ejecutivo había tratado de minimizar: más endeudamiento. El ministro Germán Ávila ha admitido que podrían acudir a mayor emisión de deuda interna mediante TES.
Esto choca con el discurso de sanear las finanzas públicas y traslada la carga a los próximos años. Es decir, si no se suben impuestos, se patea el problema hacia adelante.
🧾 Lo que estaba en juego
Antes del freno de la Corte, el Gobierno esperaba recaudar cerca de $12 billones con las medidas asociadas a la emergencia. Parte de esos recursos provenía de ajustes a impuestos existentes, nuevos cargos al consumo (alcohol y tabaco) y mayores cargas a sectores como el financiero y el minero-energético.
Ahora el escenario es más político que técnico: el Ejecutivo deberá convencer al Congreso de la República de aprobar más tributos en un ambiente de desgaste económico y desconfianza empresarial.
La suspensión del decreto no cerró el capítulo fiscal. Lo que hizo fue abrir otro: el de una nueva batalla tributaria, esta vez sin atajos y con un costo político mucho más alto para el Gobierno.
