Mientras se anuncian 6.870 empleos nuevos, trabajadores advierten que la reestructuración podría sacar a personal con experiencia.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó los decretos 0019 y 0020 de 2026, con los que se amplía la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 6.870 cargos y se redefine su estructura interna. Aunque el Gobierno presenta la medida como un proceso de modernización institucional, desde ya se levantan fuertes cuestionamientos por sus posibles efectos laborales y políticos.
El Decreto 0019 de 2026 establece la nueva estructura de la entidad, con el argumento de fortalecer la UNP para cumplir metas del Plan Nacional de Desarrollo y compromisos del Acuerdo Final de Paz de 2016. Según el texto, la entidad debe alinearse con las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) para mejorar su capacidad institucional y la eficiencia del gasto.
Por su parte, el Decreto 0020 de 2026 regula la planta de personal, modifica cargos existentes y crea nuevas posiciones, tras análisis internos y conceptos favorables del Dafp, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Sin embargo, la polémica no se centra en la cifra de empleos anunciados, sino en la reconfiguración interna: se suprimen cargos como secretario general, varios subdirectores y jefaturas de oficina asesora, mientras se crean nuevos puestos de subdirectores generales, directores administrativos y financieros, jefes de oficina, asesores y profesionales especializados.
Sindicatos hablan de “despidos encubiertos”
La Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg), que representa a empleados de la UNP, advirtió que estos cambios podrían traducirse en despidos injustificados y en la salida de trabajadores con experiencia, bajo la figura de reestructuración.
Aunque en el papel se habla de fortalecimiento institucional, para los sindicatos el proceso podría terminar siendo una depuración que reemplace personal de trayectoria por nuevas designaciones, lo que incrementa la incertidumbre laboral dentro de la entidad encargada de proteger a personas en riesgo.
Dudas políticas alrededor del Dapre
Otro foco de críticas surge por el papel del Dapre, que emitió concepto técnico favorable antes de la expedición de los decretos. Esto ocurre en un contexto en el que Nhora Mondragón fue nombrada directora de esa entidad, y es considerada cercana al ministro Benedetti, quien firmó las normas.
Este cruce de decisiones ha despertado suspicacias en sectores de oposición, que cuestionan si la reestructuración responde únicamente a criterios técnicos o si hay intereses políticos detrás del rediseño de la planta de la UNP.
Aunque el Gobierno insiste en que se trata de una modernización, el debate ya está abierto: ¿más protección institucional o más burocracia con sello político?
