Un análisis sobre contratos estatales entre 2022 y 2025 advierte un fuerte aumento en la llamada “nómina paralela”, con efectos en el gasto público y la estabilidad laboral.
Un nuevo frente de cuestionamientos se abre contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras conocerse un análisis que evidencia un aumento significativo en la contratación por prestación de servicios, lo que ha sido calificado como una “nómina paralela” dentro del Estado.
De acuerdo con el estudio, el valor de estos contratos pasó de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025, lo que representa un incremento de $7,2 billones en apenas tres años.
La investigación fue realizada por el experto en gestión pública José David Castellanos, candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, quien revisó más de 105.000 contratos firmados en ministerios, con base en datos de las plataformas Secop I y II.
Según el análisis, el número de personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios aumentó de 11.851 a 18.685, es decir, cerca de 7.000 cargos adicionales creados bajo estas modalidades.
El investigador sostiene que estos recursos equivalen a casi la mitad de los $16 billones que se buscaban recaudar con la más reciente reforma tributaria, lo que abre un debate sobre las prioridades del gasto público.
Ministerios con mayores incrementos
El estudio también identificó fuertes aumentos en varias carteras:
Salud: +154 % Agricultura: +127 % Ambiente: +117 % Trabajo: +285 % Cultura: +1.985 %
Estas cifras refuerzan las críticas sobre el crecimiento de estructuras paralelas de contratación en el Estado.
Castellanos afirmó que el aumento del gasto se ha sostenido mediante endeudamiento, uso de ahorros y compromisos futuros. “Como la plata no alcanza, el gobierno recurrió al crédito”, señaló, mencionando una emisión de deuda externa por 4.950 millones de dólares en enero de 2026.
El análisis también advierte un cambio en la estabilidad de los contratos. Mientras en el pasado el 45 % tenía vigencias de nueve meses o más, ahora esa proporción bajó a 34,5 %, con un aumento de contratos de corta duración.
“En la práctica, el gobierno Petro reemplazó contratos estables por contratos temporales”, concluye el estudio.
El panorama vuelve a poner bajo la lupa la promesa de austeridad y cambio, en medio de crecientes dudas sobre el manejo del gasto público.
