El conflicto diplomático y político entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene un origen claro y concreto: la falta de control efectivo en la frontera colombo-ecuatoriana y el impacto directo del narcotráfico sobre el territorio ecuatoriano.
Lejos de tratarse de diferencias ideológicas o personales, el choque responde a un problema estructural de seguridad regional, en el que Ecuador asegura estar enfrentando solo las consecuencias de un fenómeno que se origina principalmente en Colombia.
La frontera: un corredor clave del narcotráfico
Colombia y Ecuador comparten entre 600 y 700 kilómetros de frontera, que se extienden desde el océano Pacífico hasta la Amazonía. Esta zona se ha convertido en uno de los principales corredores del narcotráfico en Sudamérica.
En departamentos colombianos como Putumayo y Nariño, operan estructuras criminales ligadas al negocio de la cocaína, entre ellas disidencias de las FARC como el Frente Oliver Sinisterra y los Comandos de la Frontera, que controlan cultivos ilícitos, laboratorios y rutas de salida de droga.
Buena parte de esa cocaína cruza hacia Ecuador, país que en los últimos años se ha convertido en corredor estratégico para el envío de droga hacia Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales, principalmente a través de puertos como Guayaquil y Manta.
Ecuador, bajo presión y con altos costos internos
Desde el Gobierno ecuatoriano se insiste en que el país asume solo los costos de la violencia, el crimen organizado y la inseguridad, mientras la producción de cocaína y el control territorial de los grupos armados se mantiene del lado colombiano.
Noboa ha sido enfático al señalar que Ecuador enfrenta en solitario a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera, una afirmación que apunta directamente a la falta de cooperación efectiva por parte del Gobierno de Gustavo Petro.
El arancel del 30%: la medida que tensó la relación
A finales de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció la imposición de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, medida que su Gobierno ha denominado como una “tasa de seguridad”.
El argumento central es que Colombia no coopera lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales que operan en la frontera común, mientras Ecuador continúa pagando las consecuencias en términos de seguridad, violencia y presión internacional.
Esta decisión marcó un punto de quiebre en la relación bilateral, al trasladar el conflicto del plano diplomático al económico.
Un choque con implicaciones regionales
El enfrentamiento entre Noboa y Petro deja en evidencia la fragilidad de la cooperación regional en materia de seguridad y reabre el debate sobre la responsabilidad de los países productores frente a los países de tránsito.
Mientras Ecuador endurece su postura y adopta medidas económicas, el Gobierno colombiano queda bajo cuestionamiento por la falta de control efectivo en zonas dominadas por el narcotráfico, una realidad que sigue alimentando la violencia más allá de sus fronteras.
