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Precio de la vivienda VIS se dispara casi 75 % bajo el Gobierno de Petro

Sectores del gremio de la construcción advierten que el precio máximo de la Vivienda de Interés Social (VIS) se ha incrementado con fuerza durante el gobierno de Gustavo Petro, cuestionando el impacto de las políticas recientes sobre el acceso a vivienda asequible. 

La vivienda de interés social (VIS) en Colombia ha experimentado un fuerte salto en su precio máximo legal en los últimos años, según cifras compartidas por Camacol, el gremio de la construcción, lo que ha generado inquietudes sobre el acceso real de los hogares a este tipo de vivienda. 

De acuerdo con este gremio, bajo la administración del presidente Gustavo Petro el techo máximo para la VIS ha aumentado alrededor de un 75 % en comparación con periodos anteriores, una cifra que supera con creces los incrementos observados en mandatos anteriores. 

Este crecimiento del precio máximo responde en gran medida al incremento del salario mínimo, que subió un 23 % para 2026, y al cambio en las reglas de fijación de precios que pasaron de medirse en salarios mínimos a pesos. Como resultado, el límite máximo pasó de cerca de 135 millones de pesos a más de 236 millones para este año. 

Desde Camacol se ha señalado que este alza no sólo refleja un efecto estadístico por la medición en pesos, sino que impacta directamente en los costos de construcción y en el acceso a subsidios y créditos hipotecarios. El gremio también asegura que imponer controles de precio sin un análisis técnico adecuado podría reducir la oferta de VIS y encarecer el mercado, afectando a quienes buscan adquirir vivienda económica. 

Los críticos de la política de vivienda argumentan que, más allá de los beneficios teóricos de incrementar el salario mínimo, las políticas implementadas han generado efectos colaterales que complican la meta de facilitar el acceso a vivienda asequible para hogares de ingresos bajos y medios. 

El Gobierno Nacional, por su parte, sostiene que los ajustes buscan modernizar el mercado de VIS y garantizar que los valores se ajusten a condiciones económicas reales, aunque el debate sobre los efectos de estas medidas continúa abierto en círculos técnicos y políticos.  

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