La designación de René Guarín como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia revive cuestionamientos por su participación en hechos violentos durante su militancia en el M-19 en los años 80.
El reciente nombramiento de René Guarín Cortés como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por parte del presidente Gustavo Petro ha generado una nueva controversia en el escenario político nacional, luego de que salieran a relucir antecedentes relacionados con su pasado en el grupo guerrillero M-19.
De acuerdo con registros periodísticos de finales de la década de 1980, Guarín habría estado involucrado en un intento de secuestro ocurrido en 1988, hecho que fue frustrado por la Policía Nacional en Bogotá. El operativo tenía como objetivo retener a un reconocido empresario del sector publicitario, pero fue desarticulado antes de concretarse.
Durante la acción policial, varios integrantes del M-19 fueron capturados tras un enfrentamiento armado, en el que uno de los participantes perdió la vida. Entre los detenidos figuró René Guarín, según los informes de la época. Estos hechos, aunque ocurrieron hace más de tres décadas, vuelven hoy al debate público debido al cargo estratégico que ocupa dentro del Estado.
La Dirección Nacional de Inteligencia es una entidad clave para la seguridad del país, encargada de producir información sensible para la toma de decisiones del Gobierno. Por ello, distintos sectores han cuestionado la conveniencia de designar en esta posición a una persona con antecedentes vinculados a acciones armadas ilegales.
Este episodio se suma a otras críticas que ha recibido el gobierno de Gustavo Petro por nombramientos de exintegrantes de grupos insurgentes en cargos de alto nivel, lo que, para algunos analistas, afecta la confianza ciudadana en las instituciones y debilita el mensaje de autoridad frente al orden público.
Mientras desde el Ejecutivo se insiste en la legitimidad de estos nombramientos bajo el marco de la paz y la reintegración, la polémica continúa abierta y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre reconciliación política y responsabilidades históricas.
