Un reportaje de The New York Times expone que, pese al discurso reformista del presidente Gustavo Petro, Colombia mantiene cifras históricas de producción de cocaína, debilitada presencia estatal y una política antidrogas “mal implementada”, en medio de choques diplomáticos con Donald Trump.
Un reportaje publicado el 28 de diciembre de 2025 por The New York Times, escrito por Genevieve Glatsky desde Bogotá, realizó un análisis crítico sobre el papel de Colombia en el narcotráfico mundial y el impacto de las decisiones del presidente Gustavo Petro en la lucha contra las drogas, en una administración que hoy está descertificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y cuyo mandatario ha sido señalado de tener una postura complaciente frente a las organizaciones criminales.
El medio norteamericano destacó que los recientes cruces entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump han evidenciado una creciente tensión diplomática, en medio de operaciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental contra redes del narcotráfico asociadas inicialmente a Venezuela y al denominado cartel de los Soles.
Trump llegó a calificar públicamente a Petro como “líder ilegal del narcotráfico” y advirtió que podría convertirse en “el próximo” objetivo de acciones legales. Petro respondió con acusaciones y afirmó que el mandatario estadounidense “no merece más que la cárcel”, por ordenar el ataque a embarcaciones involucradas en el tráfico marítimo.
Aunque The New York Times señaló que no existen pruebas de que Petro dirija o integre redes criminales, también subrayó que su política antidrogas no ha mostrado resultados efectivos y ha quedado atrapada entre contradicciones, improvisaciones y la expansión de los cultivos de coca, en paralelo con el fracaso de la llamada Paz Total.
El reportaje recordó que, durante casi cinco décadas, Colombia ha sido el mayor productor de cocaína del mundo debido a factores como la selva densa, las montañas, las fronteras porosas y la presencia histórica de grupos armados ilegales. Pese a décadas de cooperación con Estados Unidos —extradiciones, erradicación, fumigación y operaciones militares—, ninguna estrategia ha generado resultados sostenidos.
Tras la firma del acuerdo de paz de 2016, la falta de implementación permitió que bandas criminales ocuparan los antiguos territorios de las Farc, mientras en zonas apartadas la coca siguió siendo la única fuente estable de ingresos para miles de familias campesinas.
Petro prometió un cambio en 2022, priorizando el desarrollo rural y la persecución de cabecillas del narcotráfico. Sin embargo, analistas citados por The New York Times concluyen que su plan fue “bien intencionado, pero mal aplicado”, con pocas políticas reales y un discurso que terminó chocando con la presión de Washington y el aumento de la producción.
El Gobierno incluso retomó el uso de herbicidas mediante drones y fortaleció operaciones militares, al tiempo que la suspensión inicial de acciones dentro de la Paz Total permitió que grupos armados ampliaran cultivos y rutas.
Para analistas consultados, Colombia sigue atrapada en una guerra que no puede ganar y que ha dejado al país en una posición insostenible frente a la economía global de la cocaína, mientras las cifras récord de incautaciones contrastan con la expansión de los cultivos y la creciente incertidumbre institucional.
