Dirigentes de distintos sectores cuestionan el apoyo oficial a la inscripción del comité promotor, al que ven como un intento de concentración de poder y desestabilización institucional.
La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de respaldar la inscripción del comité promotor de la asamblea nacional constituyente desató una ola de críticas en amplios sectores del país político, que calificaron la iniciativa como una amenaza para la estabilidad institucional y la democracia.
El comité, integrado por nueve representantes de sectores sociales, fue inscrito ante la Registraduría Nacional con el acompañamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que el Gobierno respalda el proceso y planteó la necesidad de “superar el bloqueo institucional” para avanzar en transformaciones derivadas de la Constitución de 1991. La iniciativa deberá recoger más de tres millones de firmas y posteriormente pasar por el Congreso de la República.
Sin embargo, la respuesta del sector político fue mayoritariamente crítica y contundente. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia llamó a defender la Constitución y cuestionó al Gobierno por desconocer los equilibrios de poder y promover modelos estatistas en sectores estratégicos de la economía.
En la misma línea, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella advirtió que la constituyente sería una ficha clave del Gobierno para intentar perpetuar su proyecto político, señalando que se trata de una iniciativa “espuria” y calificando a sus promotores como “remedos de golpistas”.
La senadora María Fernanda Cabal recordó que Petro había prometido no impulsar una constituyente y acusó al Gobierno de actuar con autoritarismo, mientras que Sergio Fajardo calificó la propuesta como una “trampa” que aumentaría la polarización y serviría para ocultar los fracasos de la administración.
Desde el Centro Democrático, la congresista Paola Holguín afirmó que el Gobierno pasó “de los decretazos a la Constituyente”, cuestionando la falta de eficacia y transparencia. Por su parte, Andrés Gaviria advirtió que cambiar las reglas de juego por incapacidad de ejecutar políticas genera incertidumbre y debilita la confianza ciudadana.
La senadora Angélica Lozano comparó el proceso con el fallido intento de Chile por reemplazar su carta política, mientras que el excongresista Ernesto Macías calificó la propuesta como una “cortina populista” para desviar la atención de los escándalos de corrupción.
Finalmente, Enrique Gómez sostuvo que la constituyente sería un instrumento para asegurar la permanencia del Gobierno en el poder y advirtió sobre riesgos de inestabilidad y cooptación política en los territorios.
Así, la iniciativa respaldada por el Ejecutivo se convierte en un nuevo foco de confrontación institucional, en medio de advertencias sobre sus posibles impactos en la democracia, el equilibrio de poderes y el rumbo político del país.
