La presencia del exfuncionario, requerido por la justicia colombiana, en un evento oficial desata críticas sobre la postura del Gobierno frente al caso.
Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana, fue visto recientemente “azotando baldosa” en una fiesta organizada por la Embajada de Colombia en Nicaragua, un hecho que ha generado fuertes cuestionamientos y que deja en evidencia la posición del Gobierno Nacional frente a este episodio.
La imagen del exfuncionario participando sin ningún reparo en un evento oficial, pese a su condición judicial, ha sido interpretada por distintos sectores como una señal de tolerancia e indiferencia institucional frente a los requerimientos de la justicia. Para muchos, el mensaje es claro: mientras ciudadanos comunes enfrentan procesos y sanciones, figuras cercanas al poder parecen moverse con total tranquilidad en escenarios diplomáticos.
El episodio no solo compromete la imagen del Estado colombiano en el exterior, sino que alimenta la percepción de doble rasero en el manejo de la legalidad, especialmente cuando se trata de personas vinculadas al proyecto político del actual gobierno.
Lejos de generar explicaciones o correctivos, la escena de González bailando en una recepción diplomática parece confirmar que, para el Gobierno, este comportamiento resulta “normal” o incluso aceptable, en medio de un contexto donde la lucha contra la impunidad ha sido uno de los discursos más reiterados desde la Casa de Nariño.
