El Gobierno sufrió un nuevo revés: por segunda vez, las comisiones económicas del Congreso hundieron la reforma tributaria —o ley de financiamiento— con la que Gustavo Petro buscaba recaudar $16,3 billones para cubrir el hueco fiscal del Presupuesto General de la Nación. La respuesta del presidente no tardó y llegó cargada de señalamientos, amenazas veladas y un discurso repetitivo que responsabiliza a todos menos a su propia gestión.
Petro calificó la decisión del Congreso como un acto de “odio político”, insistiendo en que el país “necesita más recursos” y que los “megarricos” deben aportar más. Según él, la economía está “boyante” y las utilidades de los grandes empresarios han aumentado por decisiones del Banco de la República. Un relato conveniente para intentar justificar una reforma que sectores económicos y de oposición consideran lesiva para los ciudadanos.
“El hundimiento de la ley financiera como era predecible no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”, dijo Petro en X. Para el mandatario, quienes se opusieron a su reforma actuaron movidos por “egoísmo social” y por no querer “perder un peso de su riqueza”.
Petro arremetió incluso contra personas específicas, afirmando que “Faustino” y un “supuesto indígena nariñense” tendrán que explicar a sus comunidades que, según él, salvaron a los megarricos de aportar al país. Para el mandatario, la decisión del Congreso se traducirá en afectaciones inmediatas a la población más vulnerable: “Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”.
El presidente insistió en que, si los ricos no pagan la crisis, “la pagarán los pobres”, aunque aseguró que su Gobierno no permitirá que eso ocurra. Un mensaje que vuelve a encender el discurso de confrontación institucional que ha caracterizado a este mandato.
Este episodio se suma a la advertencia que Petro ya había hecho en noviembre de 2025, cuando aseguró que rechazar la reforma podría llevar al país a una “emergencia”. Según él, su Gobierno “salvó la economía” pese al archivo de la primera ley de financiamiento, y que repetir ese escenario provocaría nuevas dificultades.
La oposición, en contraste, sostiene que la reforma era perjudicial para la ciudadanía. El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella señaló que Colombia “no necesita más impuestos”, sino reducir el tamaño del Estado, optimizar el gasto, fortalecer la producción y trabajar de la mano con el sector empresarial.
Mientras Petro atribuye la decisión a conspiraciones, “odio político” y resistencia de los ricos, el hundimiento de la reforma deja claro que el Congreso no está dispuesto a darle un cheque en blanco al Gobierno.
