El escándalo por el desorden burocrático y las recomendaciones políticas en la Dian acaba de escalar a su nivel más alto. Según reveló SEMANA, chats y documentos entregados por Laura Sarabia y el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, confirman que el presidente Gustavo Petro habría ordenado el nombramiento de una funcionaria cuestionada por presuntos vínculos con el contrabando en Buenaventura.
Este nuevo capítulo compromete directamente al jefe de Estado y desmonta el discurso anticorrupción del Gobierno. Los registros conocidos por la Corte Suprema de Justicia muestran que Sarabia —entonces directora del Dapre— insistió en que se formalizara el nombramiento de Gladys Reina Villavicencio, pese a las advertencias internas sobre denuncias de corrupción, coimas y supuestas conexiones con organizaciones ilegales del puerto.
Según Reyes, la orden del nombramiento venía del propio presidente Petro. Incluso, la Corte pidió pruebas, y estas ya reposan en el alto tribunal: pantallazos, correos y mensajes de WhatsApp que muestran la intervención directa de Sarabia y la insistencia de Palacio en que la funcionaria llegara al cargo más sensible de la Dian en materia de contrabando.
La denuncia contra Reina, enviada a la Presidencia, menciona presuntos pagos ilícitos provenientes de estructuras criminales y vínculos con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, zar del contrabando, acusado y solicitado en extradición por Estados Unidos.
Reyes aseguró ante la Corte que incluso consultó directamente al presidente Petro por chat para verificar si la orden era suya, y este la ratificó. Lo más preocupante: según su testimonio, desde febrero de 2024 Petro empezó a enviar nombres para cargos a través de terceros, contradiciendo su propia afirmación de que “no manda hojas de vida”.
A esto se suma que figuras como Juan Fernando Petro —hermano del presidente— y políticos afines intervinieron en otros nombramientos dentro de la entidad. La trama, además, involucra a personajes cuestionados como el catalán Ramón Davesa, relacionado con el episodio de los 500 millones presuntamente devueltos a la campaña presidencial.
Este caso, que ya tiene a 65 congresistas investigados por recomendados en la Dian, ahora toca el corazón del Gobierno y deja aún más dudas sobre la transparencia del círculo más cercano del presidente, donde se mezclan intereses políticos, disputas internas y decisiones que impactan directamente la lucha contra el contrabando.
El expediente está en manos de la Corte Suprema. Y las pruebas, según lo revelado, ya no dejan espacio para interpretaciones suaves: el presidente Petro aparece comprometido.
