Una nueva alerta de posible corrupción golpea al Gobierno Petro. Esta vez, el foco está en el bloque de gas Sinú 9, en Córdoba, uno de los campos más grandes del país, con capacidad para producir hasta 150 millones de pies cúbicos diarios y que representa cerca del 15 % del potencial nacional.
De acuerdo con dos fuentes internas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), habría presiones desde cargos directivos para aprobar de manera express la cesión del 61 % del negocio a la multinacional francesa Maurel & Prom, en una operación de USD 200 millones que beneficia directamente a NG Energy, empresa donde es accionista Serafino Iacono.
Iacono es el mismo empresario mencionado en la polémica compra del apartamento de lujo del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a precio de ganga.
Las presiones, según las fuentes, habrían sido realizadas por Nadia Plazas, vicepresidenta de promoción y asignación de áreas. La funcionaria lo negó, pero los testimonios señalan que funcionarios han recibido advertencias de que “sus cargos están en juego” si no avanzan con el trámite. Incluso, tres servidores fueron apartados del proceso por no estar de acuerdo con las aprobaciones.
La autorización de la ANH es clave para que la petrolera francesa complete un pago pendiente de USD 186 millones, de los cuales USD 130 millones irían a NG Energy, ligada a Iacono.
La celeridad inusual del trámite —que normalmente toma meses— es uno de los puntos más cuestionados.
Irregularidades históricas en el bloque Sinú 9
Una denuncia ciudadana reciente advierte que la operadora CleanEnergy habría realizado cinco cesiones no autorizadas entre 2015 y 2024, sin aprobación de la ANH.
Además, Maurel & Prom anunció operaciones en el bloque sin tener aún el aval de la autoridad petrolera.
El origen del bloque se remonta a 2014, cuando fue adjudicado a CleanEnergy. Con el tiempo, esta empresa firmó acuerdos con Pentova Energy, NG Energy y otras razones sociales vinculadas a Iacono, quien incluso fue nombrado por el gobierno como Cónsul Honorario en San Marino (cargo del que la Cancillería ahora se desmarca).
El caso ha sido seguido por la firma de abogados Covington & Burling, contratada por la junta de Ecopetrol para investigar escándalos asociados a Roa. Según Coronell, el apartamento estaría relacionado con “beneficios indebidos” conectados al bloque Sinú 9.
Más piezas del rompecabezas
Accionistas minoritarios del bloque afirman que la negociación con Maurel & Prom les fue ocultada y han presentado derechos de petición a la ANH para conocer detalles del negocio.
También cuestionan un posible conflicto de interés por la supuesta cercanía entre Nadia Plazas y William Blackburn, uno de los socios de CleanEnergy. Plazas lo niega.
No es la primera vez que la ANH es señalada por avalar operaciones que terminan favoreciendo a grupos con conexiones en el sector. En el pasado, la entidad autorizó la cesión del bloque VMM32 a una empresa venezolana vinculada a allegados de Ronald Pantin, exsocio de Iacono en Pacific Rubiales, después de que Ecopetrol invirtiera más de USD 13 millones.
La decisión sobre Sinú 9, que marcará el futuro de uno de los activos de gas más importantes de Colombia, se tomará esta semana. Las denuncias, presuntas presiones y antecedentes levantan serias dudas sobre la transparencia del proceso en un sector crítico para el país.
