Inpec reveló el lugar de reclusión del general (r) Rodolfo Palomino, condenado a siete años de prisión por tráfico de influencias.
El exdirector de la Policía Nacional no cumplirá su pena en una cárcel ordinaria, sino en un centro especial de reclusión ubicado en la Escuela de Postgrados de Policía, adscrita al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá.
Tras su entrega voluntaria, Palomino permanece en una celda de paso en el Búnker de la Fiscalía mientras se adelantan los protocolos de traslado definidos por la Dirección General del Inpec. Su condena está relacionada con su intervención indebida en un proceso penal contra el empresario Gonzalo Gallo, con el propósito de evitar que se hiciera efectiva una orden de captura en su contra.
El centro donde será recluido se encuentra al norte de Bogotá, en la localidad de Suba, frente al centro comercial Colina. El lugar es conocido porque allí han residido altos mandos como el general (r) William René Salamanca y actualmente la fiscal general Luz Adriana Camargo.
El caso Palomino está rodeado de polémica no sólo por el trato privilegiado que recibirá, sino también por los antecedentes de la hacienda La Granada, en Simijaca (Cundinamarca), donde vivió durante su retiro. El predio, de más de 44 hectáreas y 900 metros cuadrados construidos, perteneció al esmeraldero y narcotraficante ‘Pedro Orejas’, hoy condenado en Estados Unidos.
Palomino llegó allí en 2022 para administrarlo a través de su empresa PAAR Consulting Group S.A.S., mediante un contrato con la SAE. Sin embargo, la adjudicación levantó alertas por presuntas presiones y anomalías en el proceso, lo que llevó a la salida de dos altos funcionarios, incluida la exgerente regional Karol González. La SAE también confirmó que quienes aspiran a administrar bienes bajo medidas cautelares reciben información sobre su procedencia, en respuesta a la versión de Palomino, que negó conocer el origen ilícito del predio.
En noviembre de 2022, debido a estas irregularidades, la SAE finalizó el contrato y entregó la finca a la asociación campesina Anzorc, que instaló allí a cerca de 100 familias y trasladó 50 cabezas de ganado.
El contraste entre la gravedad de los hechos y la reclusión privilegiada asignada al exdirector de la Policía vuelve a poner sobre la mesa las profundas asimetrías en la justicia colombiana, donde la severidad parece variar según el rango y las conexiones del condenado.
